Entregan viviendas de protección pública a tres familias de Bétera y se firma un convenio con la Generalitat para favorecer el ‘alquiler social’

 

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La consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha participado hoy en el acto de entrega de 3 viviendas en régimen de alquiler social a otras tantas familias de Bétera (siendo una de las beneficiadas una afectada por un desahucio hipotecario). Además, el consistorio beterense ha explicado que está negociando con bancos y promotores inmobiliarios la posibilidad de ofrecer viviendas en régimen de alquiler social, con el propio Ayuntamiento actuando como valedor del pago de dichos alquileres.

José García

Tres familias de Bétera han recibido hoy las llaves de sus nuevas viviendas: unos pisos que pertenecen a los grupos de viviendas de patrimonio público de la Generalitat Valenciana, gestionadas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). En Bétera, el gobierno autonómico tiene 78 viviendas: 40 están cedidas en régimen de venta con pago aplazado y 38 están alquiladas.

Las tres familias que han recibido estas viviendas pasan a vivir en ellas a perpetuidad, tras haberse analizado su situación. Pagarán un alquiler social de menos de 100 euros al mes y dispondrán de ellas de forma permanente. Las viviendas están situadas junto al polideportivo Municipal.

El edil de Servicios Sociales del consistorio beterense, Enric Alcàcer, ha explicado que el objetivo del equipo de gobierno “pasa por profundizar en este tipo de iniciativas, exponiéndole a entidades bancarias y promotores urbanísticos la necesidad de poner a disposición de las familias en situación más grave una vivienda que pueda cubrir sus necesidades básicas”.

“En ese proyecto, someteremos a una baremación a cada casa que se pueda alquilar, fijando el alquiler máximo, y luego avalaremos a las familias que se comprometan a pagar los alquileres sociales que se estipulen. De este modo, se puede acoger a gente que no tiene una vivienda, y también se le ofrece un alquiler a quienes tienen un stock de viviendas que no les está reportando ningún beneficio”, explica Alcàcer.

El alcalde de Bétera, Germán Cotanda, ha admitido en varias ocasiones que la demanda de vivienda en el municipio, por parte de familias que no disponen recursos para pagar los precios del mercado, “es muy grande y, aunque por ahora sólo se ha podido atender el requerimiento de tres familias, agradecemos la respuesta que se nos ha ofrecido desde el gobierno de la Generalitat Valenciana”.

Cotanda ha señalado, del mismo modo, que “nuestro gobierno autonómico ha sido el primero en España en ofrecer una solución real a la problemática de los desahucios y también nuestra corporación está dando muestras de su sensibilidad sobre esta justa reclamación de los ciudadanos”.

La delegación autonómica ha estado encabezada por la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Inmaculada García, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Ésta última ha asegurado que el Consell “es consciente de que son muchas familias las que necesitan un lugar digno para vivir”.

La consellera ha recordado que la inversión de la Generalitat Valenciana en los grupos de viviendas públicas en Bétera, en los últimos años, “ha sido de 129.496 euros” y que, tras la firma del convenio singular firmado con el consistorio beterense, “ya son 11 los municipios adscritos a este Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social, que permite acoger en viviendas de titularidad pública a familias que no pueden acceder a éstas, por haber sufrido desahucios o por carecer de recursos económicos suficientes para poder costear una hipoteca o uno de los alquileres actuales en el mercado inmobiliario”.

 

 

 

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