PP, EUPV y CC.OO contraponen sus visiones sobre la aplicación de la Ley de Dependencia y los proyectos futuros en Servicios Sociales

En los últimos días de la campaña electoral, partidos políticos de uno y otro signo ofrecen a los votantes sus propuestas electorales; en el ámbito de la ley de Dependencia y los Servicios Sociales, también ha aportado su voz el sindicato CC.OO.

José García

El PP presenta el ‘Asistente Personal’
Así, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se ha comprometido a poner en marcha la figura del ‘Asistente Personal’, según ha anunciado hoy el  conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Según ha asegurado Blasco, dicho asistente “se incluirá en el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, una iniciativa que promoverá la autonomía de las personas con gran dependencia”.

“El asistente mejorará la calidad de vida de las personas dependientes, ya que este cuidador va a poder facilitarle su vida laboral, la realización de estudios u otras actividades académicas e incluso desarrollar otro tipo de relaciones sociales. Todo, con el objetivo de mejorar su integración social y autonomía en la vida diaria”, ha asegurado.

Rafael Blasco ha señalado que la regulación de esta figura “se ha consensuado con los representantes de los colectivos afectados, demostrando que, una vez más, el PPCV está al servicio de los valencianos”. Según este dirigente del PP, “el Consell ha sido pionero al establecer una de las regulaciones de esta figura más generosa: mientras que en otras autonomías el asistente sólo está disponible para los mayores de 18 años, en la Comunitat  Valenciana será aplicable para los dependientes desde los 3 años”.

CC.OO. acusa al Consell de “falsear datos”
El sindicato CC.OO. ofrece una versión absolutamente opuesta, para definir la actitud del PP valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia. Las críticas de este sindicato son dobles: por un lado, consideran que el Consell “falsea” los datos; y, por otro, acusan a la Generalitat Valenciana de hacerlo con “intereses electoralistas”.

Así, frente a los datos aportados por el SISAAD, sistema informático del servicio de atención a la dependencia, en los que se afirmaba que “con fecha 1 de abril, el número de prestaciones resueltas en la Comunidad Valenciana arrojaba un saldo positivo de 9.227 personas más atendidas”.

Sin embargo, desde CC.OO. se puntualiza que las resoluciones “dictadas y firmadas por la Consellería de Bienestar Social pertenecían al intervalo que va del 9 a 17 de marzo”, y que, además, ninguna de las personas atendidas por dicho servicio ha recibido notificación alguna, por lo que aún no han percibido ninguna prestación. Esto supone que el dato se ha dado en una fecha más cercana a las elecciones, “por intereses electoralistas”, y se dan por tramitadas solicitudes de las que nadie se ha beneficiado en la práctica.

Las críticas sindicales van más allá, y también se centran el los plazos de tramitación de los expedientes. Según explica CC.OO., “la propia Generalitat Valenciana estableció un plazo máximo de 6 meses entre la solicitud y la percepción efectiva de prestaciones y servicios”. Sin embargo, este sindicato certifica la existencia de casos de personas “que llevan más de 4 años esperando el reconocimiento de su situación para poder acceder a un servicio o prestación que necesitan, tras haber iniciado sus peticiones en 2007 y 2008”.

EU recuerda el Hospital Gran Vía
Desde EUPV, se ha aprovechado la presencia en Castellón del portavoz parlamentario de esta formación, Gaspar Llamazares, para criticar la “política de recortes que practica la Generalitat Valenciana en la ayuda socio-sanitatia a las personas dependientes”, en palabras del propio Llamazares.

El representante de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados ha criticado la “actitud hipócrita” del gobierno de España y del Consell: “El gobierno de España ha recortado en un 5% estas ayudas, cosa que aprovecha el gobierno de la Generalitat Valenciana para dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Dependencia”.

La representante de EUPV, Marina Albiol, ha enfatizado la actitud “obstruccionista” del Consell en la aplicación de la ley de Dependencia en el caso del Hospital Gran Vía de Castellón, acabado desde hace dos años y que aún sigue sin estar en funcionamiento”.

“Se trata de un centro que podría estar atenciendo ya mismo a 274 personas hospitalizadas; pero, al igual que en otros proyectos faraónicos del PPCV, permanece vacío como un barco fantasma, mientras hay gente que muere esperando ser atendida por la administración autonómica valenciana”, ha concluido Albiol.

 

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