El sindicato CC.OO. PV ha anunciado que, durante el primer semestre de 2011, “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido detectar 4.895 empleos sumergidos” en la Comunidad Valenciana.
José García
Según añaden desde ese mismo sindicato, “la valenciana es la segunda autonomía donde más empleo sumergido ha detectado este organismo en dicho período” y que esta situación suponía “un fraude diario a la Seguridad Social de 419.000 euros”.
Desde CC.OO. PV explican que el número total de actuaciones realizadas durante este periodo en el área de la Seguridad Social asciende a 32.729. El importe total que deberían abonar los empresarios valencianos por incumplir la normativa en materia de seguridad social alcanza los 75.848.504 euros, de los cuales 69.500.973 corresponderían a expedientes de liquidación y 6.347.531 a sanciones.
Por provincias, donde más empleo sumergido se ha detectado es en Alicante, con 2.924 altas promovidas por la Inspección de Trabajo, seguida de Valencia con 1.485 y de Castellón con 486. La valenciana es la segunda comunidad en número de fraudes detectados, con un total de 4.895, sólo por detrás de Andalucía donde se han aflorado 6.378, mientras el tercer y cuarto lugar lo ocupan respectivamente Canarias con 2.862 altas y Cataluña con 3.264.
Desde este sindicato se subraya que “el fraude registrado en Alicante supera a la provincia de Barcelona o a la toda la Comunidad de Madrid, lo que demuestra el arraigo que la economía sumergida tiene en este territorio”.
Desde el sindicato condenan que en un contexto tan negativo para el empleo como el actual, en que la tasa de paro ronda el 24% y miles de trabajadores han agotado las prestaciones por desempleo, “algunos empresarios aprovechen para instalarse en la economía sumergida, vulnerando derechos laborales fundamentales”.
Se critica, asimismo, que organizaciones empresariales “deberían tener más implicación en la denuncia de este fraude social, fiscal y laboral” y recuerdan que la proliferación de este tipo de casos fraudulentos “es una losa para la competitividad de la mayoría de las empresa que sí cumplen con sus obligaciones”.