Hace unos días, dirigentes de la formación opositora EUPV criticaban al PP autonómico por su “mutismo” a la hora de reclamar una financiación justa con la Comunidad Valenciana. Ahora, desde la formación popular se asegura que van a solicitarla “con responsabilidad, pero con contundencia”.
José García
El secretario general y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Ricardo Costa, ha manifestado que desde su formación “va a seguir pidiendo, con responsabilidad pero con contundencia, la financiación autonómica que merecen los valencianos, alicantinos y castellonenses”, una reclamación que “siempre hemos hecho, gobierne quien gobierne”.
Según Costa, “en el PP valenciano somos muy conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía española, y por ello vamos a seguir la financiación per cápita que nos toca, con mucha seriedad y responsabilidad. No estamos pidiendo ni más ni menos que nadie, solo pedimos un trato igualitario”.
Cree este representante de la formación popular que el gobierno de España, liderado por Mariano Rajoy, atenderá la “justa reivindicación” que le va a transmitir el PPCV “cuando sea posible”. Sin embargo, y por el momento, desde el gobierno del país ya se ha anunciado que la intención de los actuales gobernantes de la nación es abogar por una ‘congelación’ del actual sistema de reparto”.
Costa ha recordado que, cuando llegó Mariano Rajoy a la Moncloa, “llegaron a las arcas públicas valencianas 7.000 millones de euros para pagar a proveedores, pymes, autónomos y para que la Comunitat Valenciana tenga liquidez”. Con la llegada de este dinero, el Consell podrá pagar sus deudas con los proveedores a quienes aún no ha pagado.
Según el portavoz de Economía del PP en Les Corts, estas ayudas “son fruto de acogerse a dos mecanismos de liquidez, que puso en marcha el Gobierno central, como son el Plan de ICO Vencimientos y el Plan para el Pago a Proveedores”. No ha explicado Costa si habrá alguna contrapartida económica por la llegada de estos 7.000 euros, como sí la hay con el dinero que ha prestado el Gobierno de España a los Ayuntamientos, para que estos salden sus deudas acumuladas con sus proveedores.