El gobierno ‘paraliza’ temporalmente algunos desahucios por impagos hipotecarios, y los afectados ven esta medida “decepcionante e insuficiente”

El gobierno de España ha dado a conocer las condiciones que permitirán a algunas familias no ser desalojados de sus viviendas durante los dos próximos años. Desde las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAHs) se critican estas medidas, que califican como “decepcionantes e insuficientes”.

José García

Desde el propio gobierno de España se admite que nos encontramos ante “la primera fase de una serie de medidas dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables de verse afectados por los desahucios de sus viviendas”.

Del mismo modo, el gobierno de la nación ha anunciado su voluntad de crear un ‘Fondo Social de Viviendas’ que se van a alquilar “a precios muy bajos y razonables”, en los que se pretende alojar a las personas que no disponen de vivienda.

Requisitos para los beneficiarios
Lo primero que queda definido en el decreto-ley es qué colectivo se define como “especialmente vulnerable”:

* Las familias numerosas, de acuerdo con la legislación vigente.

* Un padre/madre con dos hijos a su cargo.

* Una familia con un hijo menor de tres años.

* Una familia con una persona con un grado de incapacidad de más del 33% a su cargo, o bien con una persona dependiente o enferma que le impida realizar una actividad laboral.

* Una familia en la que el deudor hipotecario esté en paro y con las prestaciones por desempleo agotadas.

* Una familia en la que el deudor hipotecario (o su cónyuge) conviva con algún familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (padres/madres, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos) en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite para acometer una actividad laboral.

* Una familia en la que exista una víctima de la violencia de género.

Además, deben cumplirse alguno de los siguientes requisitos:

* Cada unidad familiar no debe tener unas rentas superiores a 1.597 euros al mes (es decir, 19.164 euros al año).

* La familia en cuestión sólo debe poseer en propiedad la vivienda de la que se les pretende desalojar.

* Los beneficiados por esta nueva normativa deben enfrentarse a una cuota que sea de más de un 50% a sus ingresos netos.

* La familia debe estar pagando una hipoteca que se ha multiplicado por 1,5 en los últimos cuatro años.

Cuando se cumplan los requisitos estipulados en estos dos apartados, “podrán continuar en su casa, sin coste, alguno, durante los dos próximos años”.

Postura de los afectados
Las PAHs de la Comunidad Valenciana han manifestado su “decepción y descontento” hacia unas medidas que “plantean unas condiciones tan restrictivas que van a dejar fuera a los casos de desahucio a mayor parte de personas afectadas”.

Según explican estas mismas fuentes, “ni José Miguel de Granada ni Amaia de Barakaldo, quienes recientemente se quitaron la vida, víctimas del genocidio financiero, se hubieran podido acoger a estas insuficientes medidas. Tampoco Gisela y su hija de 5 años, cuyo desahucio fue suspendido ayer en Valencia se hubieran beneficiado de ellas”.

Respecto a la creación de un fondo social de viviendas de alquiler social, los miembros de este colectivo denuncian “una falta absoluta de información y transparencia” y no dudan en expresar su “temor” ante lo que consideran “una nueva maniobra de maquillaje político”. Además, al no haber tenido en cuenta el gobierno la posibilidad de incluir la ‘dación en pago’ entre las medidas que se van a aplicar por el momento, “el gobierno ha condenado a la exclusión social y económica a las cientos de miles de personas deudoras de nuestro país”.

 

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