Enésimo enfrentamiento dialéctico-político-judicial entre al equipo de gobierno de Náquera (del PP, con el alcalde Ricardo Arnal al frente) y la formación opositora IVIN (Iniciativa Independiente por Náquera), con Gabriel Moya y Álvaro Cuadrado como principales exponentes.

José García

El motivo de este desencuentro está en la situación en la que se encuentran los vecinos del  municipio que residen en la urbanización Mont-Ros, en donde correspondía a la Entidad Urbanística Colaborada de Conservación (EUCC) de Mont-Ros encargarse del mantenimiento de dicha zona. Tras la disolución de esta entidad, se han producido una serie de reclamaciones de los residentes que han acabado en los tribunales.

En la última sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a través de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y con fecha de 8 de abril de 2009, se estimaba el recurso efectuado por Gabriel Moya (como representante de 53 propietarios) contra la sentencia 276/07, emitida por el tribunal de lo contencioso nº 4 de Valencia.

La sentencia dictada en abril de 2009 acabó emitiendo un veredicto favorable al recurso presentado por los propietarios y establecía la obligación de devolverles a dichos residentes las cuotas pagadas a la EUCC de Mont-Ros, así como los intereses correspondientes.

Acciones desde el IVIN
Según han explicado a InfoTúria representantes del IVIN, esta sentencia se le comunicó tanto al consistorio de Náquera como a la EUCC de Mont-Ros el 11 de mayo de 2009. Además, mediante una providencia se le remitió al consistorio naquerano una copia de la sentencia (el 21 de septiembre de 2009).

Estas mismas fuentes apuntan a que, “ante la omisión de actuación alguna por parte de la administración condenada, se le reiteró a la sala que requiriese de nuevo la ejecución de dicha sentencia”. Esto se pidió el 18 de marzo de 2010 y, según el IVIN, “la administración de justicia emitió otro auto con fecha 23 de marzo de 2010”.

A esto se añade desde la formación opositoria que, “habiendo transcurrido más de un año de la emisión de la sentencia sin que se hayan devuelto las cantidades estipuladas en la sentencia, se ha instado a que se dicte un requerimiento de ejecución forzosa, en un escrito fichado el 14 de julio de 2010”. Incluso instan a las autoridades a “abrir diligencias para dilucidar posibles responsabilidades de las autoridades o funcionarios de dicha corporación, por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad”.

Postura del equipo de gobierno
Desde la corporación naquerana se replica que la sentencia de 8 de abril de 2009 admitía que se le debían devolver a los propietarios “las cuotas satisfechas a la EUCC Mont-Ros en concepto de gastos de conservación y no en relación con otros conceptos”. “Por lo tanto, no es cierto que haya habido incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Náquera, ni siquiera hemos sido requeridos al efecto. Es la EUCC de Mont-Ros la que debe devolver esas cantidades”, señala el alcalde, Ricardo Arnal.

Respecto a las acusaciones vertidas desde IVIN contra el equipo de gobierno, del PP, referidas a un supuesto pago de “dobles impuestos”, Arnal califica estas palabras como “falsedades” y como “un engaño permamente que no se puede tolerar”. “Ayuntamiento de Náquera está cumpliendo la ley y trabajando para desarrollar la EUCC de San Miguel, al igual que lo hizo en su día con las de las urbanizaciones Mont-Ros y Bonanza”.