Llíria - Política

La formación política opositora MOVE ha emitido un comunicado en el que critica al equipo de gobierno, liderado por el popular Manuel Izquierdo, por “aumentar el IBI un 10%, pese a que el paro en el municipio es de un 13,6%, al tiempo que se obliga a  los vecinos de los núcleos extramuros a urbanizar pese a la delicada situación económica actual”.

José García

Considera la portavoz de MOVE, Maite Coscollá, que con las recientes aprobaciones de los PAIs de las urbanizaciones de Safareig y San Vicente, el equipo de gobierno del PP “está demostrando ser totalmente ajeno a la problemática actual de una gran proporción de ciudadanos”.

“La única preocupación es ‘hacer caja’ gracias a los recargos que se impondrán a los vecinos en serias dificultades económicas”, asegura Coscollá, al tiempo que recuerda que “el recargo por impago de una cuota de urbanización puede llegar a alcanzar un 20% en un plazo de un mes”.

“Si un vecino debe pagar 800 euros al mes durante los dos próximos años y deja de pagar sólo una de esas cuotas, se le va a imponer un recargo de 160 euros. Y si se le acumulan varias cuotas y no las paga, se le embargará la casa y ésta se subastará para cubrir la deuda con el Agente Urbanizador”, explica Coscollá.

La portavoz de MOVE lamenta que “éstas sean las actuaciones que se están promoviendo desde el Ayuntamiento de Llíria, en plena crisis” y critica que estos procedimientos urbanizadores se están aprobando “con el respaldo del 27% de los vecinos, los más pudientes, mientras que el restante 73% ya tienen bastantes dificultades para llegar a final de mes, sin tener que añadirles el pago de estas cuotas”.

Desde el consistorio edetano se insiste en que los procedimientos indirectos de urbanización se han aprobado por parte del equipo de gobierno tras constatar que existía un “respaldo mayoritario” por parte de los vecinos afectados, y se recuerda que la última subida del IBI se debe a una imposición que se ha efectuado desde el gobierno de España.