Riba-roja de Túria - Política

La Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO PV (FECOMA PV) denuncia la “negligencia e irresponsabilidad” del Ministerio de Fomento del gobierno de España “ante la situación creada en el cambio de contrata que se ocupa de la conservación y mantenimiento del tramo Valencia-Requena de la autovía A-3”.

José García

Este servicio lo ha estado efectuando la contrata Ferroser (Ferrovial), que tiene su base operativa en Riba-roja de Túria y para la que trabajan cerca de 40 personas. Según denuncia este sindicato, “a partir del 1 de agosto pasarán al desempleo el 70% de los trabajadores al encontrarse Ferroser, sin contrato de explotación por haber finalizado el anterior y no estar licitado el siguiente”.

Además, prosiguen estas mismas fuentes, “la empresa está recibiendo de Madrid solo el 30% del presupuesto necesario para prestar la totalidad del servicio”. Por tanto, CC.OO. afirma que “el Ministerio de Fomento incumple su compromiso, adquirido en febrero de 2011, de facilitar la financiación necesaria para mantener el servicio completo y la totalidad de la plantilla en activo”.

Esta situación, que puede prolongarse de seis a ocho meses según señalan desde CC.OO., “producirá un claro deterioro del servicio, que coincidirá con el periodo vacacional en el que aumenta la densidad de tráfico. Todo ello supone un aumento del riesgo de accidentes y atascos al no haber suficiente personal operario para restablecer la normalidad del tráfico”.

Añaden desde este sindicato que la actuación ministerial “supone un claro perjuicio para los trabajadores de este centro de conservación, al tener que pasar por el desempleo durante seis u ocho meses, con merma de su salario y con un derroche por parte del Estado al tener que pagar las prestaciones que se podrían dedicar al servicio”.

FECOMA PV “exige un cambio radical en la actuación del Ministerio de Fomento, ante las adjudicaciones de mantenimiento y conservación de carreteras, de forma que se consiga disponer de los medios necesarios para que el cese de la empresa adjudicataria saliente coincida siempre con el inicio de la actividad de la entrante, garantizando así la seguridad de los usuarios y los derechos y condiciones laborales de los trabajadores”.

CC.OO. ha asegurado, asimismo, que emprenderá ante la empresa y Fomento las acciones de tipo jurídico y de presión que entienda necesarias para asegurar el empleo y el servicio.