La PAH ocupa la sucursal de Cajamar para evitar la subasta de la vivienda de un matrimonio en el paro con tres hijos

Interior de la sucursal de Cajamar en la Pobla de Vallbona esta mañana.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Camp de Túria han ocupado a primera hora de la mañana de manera indefinida la sucursal de Cajamar en La Pobla de Vallbona para exigir la paralización de la subasta de la vivienda de Tomás y su familia prevista para el próximo viernes y lograr el compromiso escrito de la entidad para la firma de la dación en pago.

P.G.

El caso de Tomás “es especialmente sangrante”, según denuncian desde la Plataforma a través de un comunicado, ya que la dación en pago de la vivienda cubriría el 100% de la deuda, “sin embargo Cajamar prefiere desahuciarlos y dejarlos arrastrando una deuda de más de 50.000 euros por las costas judiciales”.

En la vivienda que va a ser subastada el 16 de enero además de Tomás  y su mujer, Carlota, viven dos de sus hijos, de 9 años y 24 años y, ocasionalmente su hija de 27 años que se encuentra en el paro y es madre de una niña de 6 años.

En la actualidad,  ningún miembro de la familia tiene ingresos y  tanto la mujer de Tomás como la hija menor están en tratamiento por severos trastornos de ansiedad, tal y como explican los responsables del encierro en la sucursal de Cajamar en La Pobla de Vallbona.

Según el relato de la PAH de Camp de Túria, en el año 2006 Tomás compró una vivienda a través de la  hipoteca que le concedió Ruralcaja, actual Cajamar, “sin pedirle ni siquiera la última nómina ni avales”.

Además, este vecino de La Pobla de Vallbona viene de una empresa familiar a la que “la entidad bancaria abocó  la quiebra”, según la PAH, ya que “durante el 2010 les retiró la póliza de crédito y otras financiaciones, dejándoles descapitalizados y llevándolos en un momento muy delicado de la crisis a la ruina pues fueron obligados a firmar un ICO con un interés alto con la misma entidad que aún están pagando sus padres 712 euros de su pensión”.

En febrero de 2013 se cerró la empresa familiar al no poder hacer frente a todas las deudas con los proveedores y dos meses después, estando en el paro, se le cerró la cuenta del crédito hipotecario,  aunque Tomás no se enteró hasta el pasado mes de septiembre, ya que asegura que no recibió ninguna notificación.

El pasado mes de noviembre, le llegó la fecha de la subasta del piso en el que reside con su familia prevista para el 16 de enero de 2015.

Los representante de la PAH defienden que “no es justo que una criatura de 9 años tenga que sufrir esto, sin que su padre no pueda hacer nada y sentirse impotente, se está consumiendo
por dentro y no mejorará hasta que no acabe este calvario para esta familia con la dación en pago y la extinción total de la deuda”.

La plataforma recuerda que “somos nosotros única y exclusivamente quienes hemos puesto 792 millones de euros para su rescate lo que ha supuesto quitarnos sanidad, educación,  servicios sociales,  becas de niños en comedores o las becas de estudiantes universitarios”.

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