La Guardia Civil desarticula la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez de Loriguilla por actividades desarrolladas entre 2010 y 2013
La Guardia Civil ha desarticulado la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez con sede en Loriguilla que se dedicaba a la explotación laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad entre los años 2010 y 2013. Entre los 14 detenidos se encuentra un ex alcalde y un ex jefe de la Policía Local de la localidad de Camp de Túria.
La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación ‘Trasso’ a 14 personas, 13 hombres y una mujer, entre los que figura el ex alcalde de Loriguilla y un ex jefe de la Policía Local de la localidad de Camp de Túria.
Los agentes han desarticulado un entramado criminal diseñado por la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, para la explotación de laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, siendo empleados bajo amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales entre los años 2010 y 2013.
El presidente de la citada fundación, así como su familia, que formaba parte del patronato, ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estos individuos, a los que amenazaba con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con quien la entidad tenía firmado un convenio.
La fundación, según ha informado hoy la Guardia Civil, recibió a través de este convenio a 1.450 personas, “habiendo sido un elevado número de ellas víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral”.
Muchas de las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares de pintura y albañilería, para lo cual “recibían incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de no aceptar los trabajos ordenados”, que nada tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.
Entre las distintas actividades laborales irregulares, los investigadores han detectado trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde, que ha sido detenido hoy, y en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio.
Estos servicios eran supervisados por el que era jefe de la Policía Local de Loriguilla, también detenido, en labores de “serenos” sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica.
Entre los detenidos se encuentran los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados.
Los investigadores han constatado la existencia de una “organización criminal perfectamente estructurada que contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local de Loriguilla, sin los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos”, según señala la Guardia Civil.
Asimismo, a tenor de las investigaciones, el entonces alcalde del Ayuntamiento de Loriguilla llevó a cabo la “desviación de fondos públicos para sufragar presuntamente con los gastos de los vehículos que la fundación empleaba para trasladar a las víctimas” y que fueron también empleados en los vehículos particulares del presidente de la entidad y su familia.
La investigación también ha supuesto la detención de un ex concejal del Ayuntamiento de Gilet, para el cual se habrían desviado presuntamente trabajadores a través de la Fundación para el desarrollo de trabajos en su empresa de Alboraya.
En la fase final de la operación policial se practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de la fundación, en los que se intervino documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en los ayuntamientos de Loriguilla y Gilet. Asimismo se han recuperado siete vehículos, además de material informático y electrónico.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo de Policía Judicial de Riba-roja de Túria, bajo la dirección del Juez Instructor, Juzgado de Instrucción número 2 de Llíria y ha supuesto, según la Guardia Civil, “sin duda la detección de una modalidad de trata de seres humanos con fines de explotación laboral sin precedentes en la provincia de Valencia”.