El PSPV exige a Medio Ambiente 30 millones por las 400.000 toneladas de basura de la Basseta Blanca

El portavoz del PSPV Robert Raga en la zona de la Basseta Blanca.

EL PSPV de Riba-roja de Túria reclama el pago a la conselleria y la rehabilitación de la zona clausurada desde 1993

El PSPV de Riba-roja de Túria exige a la Conselleria de Medio Ambiente el pago de 30 millones de euros por las cerca de 400.000 toneladas de basuras que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) vertió de forma ilegal en el vertedero de Basseta Blanca y la rehabilitación de una zona clausurada en 1993. El grupo socialista ha presentado una moción al pleno municipal en la que exige llevar estos hechos a la Fiscalía para que depure posibles responsabilidades.
    

Los socialistas de Riba-roja consideran que la Conselleria de Medio Ambiente debe responder, como responsable civil subsidiaria del EMTRE, del vertido ilegal de residuos sólidos en esta zona de más de 125.000 metros cuadrados y que daba servicio a la basura de los municipios del área metropolitana de Valencia entre 1993 y 1996.

El grupo socialista ha recordado en un comunicado que un decreto de alcaldía del PSPV dictado en 1993 clausuraba este vertedero al considerar que su capacidad estaba completamente colmatada y la licencia de actividad había caducado.

Sin embargo, una sentencia de 1994 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendía la ejecución del cierre a la espera de más informes sobre los perjuicios ambientales y una nueva sentencia del año 1996 revocaba el fallo anterior y ratificaba el cierre inicial contenido en el decreto de alcaldía.     

El recurso interpuesto por el EMTRE en casación ante el Tribunal Supremo (TS) suponía un nuevo varapalo jurídico para esta entidad en el año 2002 ya que la sentencia establecía, nuevamente, la legalidad del decreto del entonces alcalde socialista y ratificaba el cierre de la planta de vertidos.

Un informe municipal fijaba en 130.536 las toneladas de capacidad máxima del vertedero mientras que el ritmo de vertidos anual era de 92.753 toneladas, por tanto, la capacidad estaba rebasada con creces.
 
El PSPV denuncia que desde el 2002 cuando el Supremo falla a favor del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria hasta la actualidad “ni la Conselleria de Medio Ambiente ni el EMTRE han retirado las toneladas de basura de este vertedero ni tampoco han procedido a la restauración y rehabilitación de los terrenos”.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, por su parte, “tampoco ha presionado para que la Generalitat cumpla con su obligación a pesar de las múltiples sentencias favorables”.

Según los socialistas, la acumulación de basuras en la zona ha provocado, además, la proliferación de lixiviados que han afectado a algunos acuíferos hasta el punto que la Confederación Hidrográfica del Xúquer ha presentado una denuncia y la correspondiente sanción económica en contra del EMTRE aunque finalmente ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en una sentencia fechada en noviembre de 2014.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado la necesidad de que la Conselleria de Medio Ambiente “asuma por fin sus responsabilidades políticas y jurídicas por su falta de respuesta a la sentencia de 2002 que ratificaba el cierre y posterior rehabilitación del vertedero de basuras, sin que hasta el momento hayan movido un dedo para cumplir el contenido del fallo”.

Raga ha anunciado que trasladará a la Fiscalía de Medio Ambiente “la documentación completa del expediente para que investigue las actuaciones de las distintas administraciones por posibles delitos contra la ordenación del territorio y del medio ambiente”.

El PSPV, además, reclamará la elaboración de un informe por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Riba-roja para evaluar los daños y perjuicios medio ambientales y económicos que ha sufrido el término municipal y los vecinos de la localidad por no haber actuado diligentemente desde las administraciones correspondientes a partir de la sentencia del Supremo del 12 de febrero de 2002 sobre el cierre del vertedero por el agotamiento de la capacidad prevista.   

 

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