El TSJ condena al Ayuntamiento a pagar 879.000 euros por una expropiación de hace 40 años

La familia propietaria de los terrenos de Riba-roja de Túria destinados a un parque en Montealcedo reclama al consistorio el pago de 6,7 millones

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al pago de 879.340 euros a los propietarios de 58.000 metros cuadrados de suelo que el consistorio expropió en los años 70 para construir un parque en Montealcedo. La cifra podría llegar hasta los 6,7 millones en los dueños del suelo cifran el valor real de los terrenos.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ ha estimado la petición de la familia propietaria de adoptar como medida cautelar el pago de 879.000 euros a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el recurso que en su día interpusieron ambas parte contra el dictamen de la Junta Provincial de la Expropiación que cuantificaba el valor de los terrenos en 1,6 millones de euros.

Un informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria valoraba los terrenos en los 879.000 euros, mientras que la familia propietaria cifraba en 6,7 millones de euros su precio real. El tribunal de la expropiación zanjó la cuestión con una cantidad intermedia de 1,6 millones de euros que fue recurrida por el consistorio el pasado mes de mayo, a pocas semanas las elecciones, al considerar elevado este precio.  

Sin embargo, la sentencia del TSJ podría no ser la última para las arcas municipales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria si prospera el recurso contencioso-administrativo formulado por los herederos de la familia propietaria de los terrenos que reclaman una valoración adecuada al precio de mercado de los mismos basados en su extensión global.

El auto del alto tribunal valenciano recuerda de que en su día se debió fijar en el presupuesto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria “el reconocimiento del pago del justiprecio, que es lo que ahora se reclama, por lo que ya debe estar de sobra reconocido; no se comprende por qué se desestimó el recurso de reposición pudiendo minorar el pago de lo debido”.  

Un informe municipal de la interventora y de la tesorera, en la misma línea, subraya que el citado pago se debe refrendar mediante un acuerdo del pleno de la corporación a través del pertinente reconocimiento extrajudicial, por lo que “dadas las fechas actuales” el presupuesto de aplicación será el correspondiente al ejercicio de 2016 con la previsión de créditos iniciales o las oportunas modificaciones presupuestarias.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que esta condena “es la muestra de la nefasta gestión urbanística que en su día realizaron el ex alcalde y el anterior gobierno del PP”, al que acusa de “enrocarse en su posición inicial sin llegar a ningún tipo de consenso o diálogo que nos habría evitado llegar a la vía judicial”.

Según el alcalde socialista, el anterior gobierno “no cumplió con su deber de consignar la pertinente partida económica en el presupuesto como establece la ley en este tipo de casos y dejó este litigio judicial para la corporación que surgiera de las urnas”.  

 

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