El Valencia CF reclama al Ayuntamiento 25 millones por la anulación del PAI de Porxinos

El alcalde de Riba-roja  culpa al PP de haber gastado el dinero del convenio y exige a los populares que afronten las exigencias económicas del urbanizador

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha recibido un requerimiento del Valencia CF en el que le reclama el pago de 25 millones de euros como compensación por la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo hace un año en el caso de que el nuevo plan alternativo tampoco salga adelante. La Conselleria de Medio Ambiente tiene sobre la mesa el proyecto urbanístico para pronunciarse sobre un posible impacto ambiental y su viabilidad técnica.   

La reclamación económica del club de Mestalla forman parte, según el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, de “la estrategia del Valencia por obtener una respuesta positiva de las administraciones local y autonómica sobre el nuevo programa urbanístico” que presentó el pasado mes de marzo en el consistorio.

Este segundo proyecto urbanístico, que tiene sobre la mesa la Conselleria de Medio Ambiente, sustituye al anterior PAI de Porxinos anulado por el Tribunal Supremo y que contemplaba la construcción de 2.400 viviendas, un campo de golf y la Ciudad Deportiva el CF sobre una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo reclasificado.

El Valencia CF renunció a reclamar, a través de su empresa Litoral del Este como agente urbanizador, una indemnización por la anulación del PAI “condicionada a la tramitación y aprobación de un nuevo programa de actuación integrada en el Mas de Porxinos y a mantener las aportaciones realizadas por el agente urbanizador”, fijadas en 25 millones de euros, según el escrito presentado el 19 de noviembre de 2014.

Sin embargo, el urbanizador pretende conservar el derecho al resarcimiento del daño ocasionado por la anulación del PAI y ha registrado el escrito de responsabilidad patrimonial contractual para el caso en el que el nuevo plan no reciba el beneplácito de la Generalitat y del Ayuntamiento de Riba-roja antes de que finalice el plazo de un año desde la sentencia del Supremo el 17 de junio de 2015.

El agente urbanizador pretende recuperar los 25 millones de euros que en su momento invirtió en el primer plan urbanístico: 5,4 millones en concepto de los derechos de aprovechamiento de los terrenos; 15 millones en inversiones de mejora en la piscina, en el centro de salud, la rehabilitación del molino junto al río y las aportaciones para el metro; 4 millones para los gastos generales de tramitación del plan; y un millón por las indemnizaciones para los propietarios afectados.

En el caso de que el Ayuntamiento de Riba-roja no devuelva los 25 millones, anuncia la exigencia de una “responsabilidad patrimonial extracontractual” para que aporte la misma cantidad de dinero ante un posible rechazo al nuevo plan Porxinos. El urbanizador aduce costes económicos de los proyectos técnicos, costes de la operación financiera, indemnizaciones de la operación financiera y los tributos satisfechos.   

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que estas reclamaciones patrimoniales “son la consecuencia lógica de la desastrosa gestión del PP en la tramitación y gestión del PAI de Porxinos”, por lo que “les vamos a exigir que afronten ellos las exigencias económicas del urbanizador, ya que les advertimos que no se gastasen el dinero que contemplaba el convenio pero obviaron cualquier solicitud”.

Raga ha advertido que estas exigencias “pueden poner en una situación muy crítica la viabilidad económica del ayuntamiento ya que el dinero que en su momento ingresó por el convenio ya se ha gastado”.

El socialista ha instado a la portavoz popular a que “dé la cara ante la opinión pública y explique a sus ciudadanos la verdad de lo que ocurrió en este lamentable episodio de la historia de Riba-roja y que puede poner en entredicho la viabilidad económica del municipio”.

 

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