La Diputación reclama 575.865 euros del impuesto de actividades de la etapa del PP

La corporación provincial pacta con el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria el pago aplazado del IAE hasta 2019

La Diputación de Valencia ha reclamado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria el pago de 575.865 euros que la administración local no ingresó en el organismo provincial entre los años 1999 y 2014. La reclamación está relacionada con la parte proporcional que el ayuntamiento debía transferir a la diputación en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las empresas de la localidad. 

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la Diputación de Valencia han llegado a un acuerdo que permitirá a las arcas municipal abonar los 575.865 euros en cuatro plazos determinados, entre los años 2016 y 2019 y sin que se tengan que abonar, además intereses por el aplazamiento del dinero.

De esta forma, durante los tres próximos años se transferirán 143.966,30 euros anuales a la Diputación de Valencia para pagar la cantidad total, que se añaden al plazo de este año que ya se ha satisfecho.

La primera cantidad pactada entre ambas partes ya se ha satisfecho mientras que el resto de los plazos previstos se llevarán a cabo a finales de abril de los años 2017, 2018 y 2019. Se trata de una disposición legal de la Diputación de Valencia aplicable para aquellos casos en los que se aplaza el pago de una deuda pero únicamente se permite satisfacerla en un periodo máximo de 4 años.

El impuesto de actividades económicas (IAE) que pagan las empresas e industrias radicadas en Riba-roja al Ayuntamiento están sujetas, en un porcentaje fijado previamente, para las arcas del organismo provincial.

Sin embargo, durante los años 1999 y 2014 el equipo de gobierno del PP no lo ingresó como establece la legalidad vigente. Por tanto, la Diputación de Valencia se ha dirigido al actual gobierno de Riba-roja para satisfacer la deuda global que alcanza los 575.865 euros.

Entre las deudas que ha reclamado la Diputación figuran cantidades dispares entre los tres lustros -1999 y 2014- en los que se acumularon las cantidades reclamadas. Así, las cantidades oscilan entre los 4,36 euros del año 1999, los 39,10 euros del año 2000, los 73’11 euros del ejercicio de 2002 o cantidades más elevadas como los 1.886 euros del año 2010, los 21.612 euros del ejercicio de 2012 o, por último, los 110.330 de 2012 o los 209.858 euros del año 2013.  

En ninguno de estos casos, según el equipo de Gobierno, “el ejecutivo de Tarazona cumplió con su obligación de pagar la parte fijada por el impuesto que cobraba el Ayuntamiento a las empresas a pesar de que el propio ex alcalde de Riba-roja de Túria gestionó diversas parcelas en la Diputación en su condición de diputado provincial, en la que se encargó del área de Bomberos”.

El pago de la deuda total pendiente era una condición obligatoria para los ayuntamientos que quisiesen recibir subvenciones y ayudas de la Diputación de Valencia incluidas en el programa de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a través de la presentación “de un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación” que, finalmente, el consistorio de Riba-roja de Túria ha suscrito.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha lamentado que “nos vemos obligados a dedicar una parte considerable para satisfacer el débito que teníamos contraído y, por tanto, esa cantidad la hemos tenido que detraer de otros conceptos a los que lo podríamos haber destinado como las políticas sociales o los programas de ayudas para la creación de empleo”.   

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