El Síndic de Comptes investiga el destino de los 25 millones que entregó el Valencia CF por el PAI de Porxinos

El organismo fiscalizador reclama al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria información sobre los contratos públicos

El Síndic de Comptes ha iniciado una investigación para analizar todos los documentos referentes al convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Valencia CF sobre el PAI de Porxinos suspendido por el Tribunal Supremo y que preveía la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre una zona de 1,2 millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable.

Las investigaciones del Síndic de Comptes se centran en los 25 millones de euros que la empresa Litoral del Este -auspiciada por el club de fútbol- concedió al Ayuntamiento de Riba-roja a raíz del convenio suscrito entre ambas partes y que estaba destinado a sufragar diversas actuaciones municipales como la rehabilitación del molino junto al río, la piscina y la llegada del metro subterráneo en el casco urbano y un nuevo centro de salud, dos proyectos no se llevaron a cabo.

La Síndicatura de Comptes ha reclamado al Ayuntamiento de Riba-roja el organigrama municipal del 2014, un inventario de los bienes municipales actualizado y la relación de todos los certificados de actas de los órganos de gobierno de la corporación de los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 para analizar todos los movimientos que realizó el anterior gobierno del PP.

Estos documentos se completan con los expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito de los presupuestos de 2014 y 2015, los expedientes de modificación presupuestaria de 2014 y la relación certificada de los gastos pendientes de contabilizar que no figuraran en los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados.

Entre la documentación reclamada figura también la relativa a los acuerdos entre el Valencia CF y el Ayuntamiento de Riba-roja relativa a las entidades bancarias con cuentas abiertas o con movimientos en el año 2014, así como la relación certificada de todos los contratos establecidos entre los años 2014 y 2015.

El Valencia CF pretende que el ayuntamiento devuelva los 25 millones al entender que el plan no se llevó a cabo, aunque ese dinero se gastó a razón del 10% sobre la adquisición por el excedente de aprovechamiento, indemnización a los propietarios, gastos generales, además de obras como la piscina, el molino junto al río Túria, el centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano, si bien estas dos últimas no se han ejecutado.

El equipo de gobierno de Riba-roja ha valorado las investigaciones del Síndic  de Comptes como “necesarias para disipar cualquier duda de las actuaciones que llevó a cabo el PP, especialmente aquellos asuntos que mayores quebraderos de cabeza han supuesto para los intereses generales, entre los que el plan de Porxinos es uno de los mayores desastres urbanísticos”.

 

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