El Ayuntamiento exige 6,7 millones a la promotora del PAI de Pacadar para acabar las obras

El pleno de Riba-roja de Túria reclama a la mercantil una planta baja valorada en otros 1,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno -PSPV, Compromís y EU-, Podemos y C’s y la abstención del PP una resolución del gobierno local en la que se exige la empresa del PAI de Pacadar, en la zona oeste del término, la conclusión de las obras que se remontan al 2005, cuando se rubricó el convenio entre el consistorio y el agente urbanizador.

El área afectada por el plan urbanístico acogió durante décadas la actividad económica de la empresa Pacadar, dedicada a la fabricación de vigas, hasta que en el 2005 se trasladó a Buñol.

El convenio suscrito preveía, entre otros, la ejecución de las obras de urbanización, la entrega al Ayuntamiento de Riba-roja de las parcelas dotacionales, una parcela edificable urbanizada y la entrega de una planta baja de 2.000 metros cuadrados construidos en un plazo máximo de 7 años.

El proyecto de urbanización fue firmado en marzo de 2009, por lo que el plazo de ejecución está, actualmente, caducado. La mercantil Promociones y Propiedades Espacio Habitat adquirió las propiedades de Pacadar y subrogó todos sus derechos y obligaciones.

El pleno municipal instó el 14 de diciembre de 2015 a la mercantil a aportar en el plazo de un mes un plan de trabajo sobre la finalización de las obras y la constitución de unas garantías sobre las mismas. La empresa respondió que había cumplido parte de las obligaciones -traslado de la actividad y desalojo de los terrenos, cesión de terrenos por extensión de 27.455 metros cuadrados y un pago de compensación económica al ayuntamiento de 1’4 millones- a falta de la urbanización y la entrega de la parcela edificada y la planta baja a favor del ayuntamiento.

Sin embargo, la empresa está en situación concursal y según fuentes municipales “se niega a cumplir los requerimientos del acuerdo del pleno del 14 de diciembre de 2015, lo que motiva una paralización de la actuación urbanística”.

Ante la falta de un calendario de actuación por parte del urbanizador, el pleno ha aprobado un plan alternativo en el que se fija un plazo de 6 meses para el inicio de las obras del plan urbanístico, otros 12 meses para la ejecución del 20% de las mismas, 18 meses para el 40%, 24 meses  para el 60% de las obras, 30 meses para el 80% del plan y, por último, 36 meses para la ejecución total.

Además, ha aprobado penalizaciones de 0,12 euros diario por cada 601 euros del precio de la urbanización dejado de ejecutar, al margen de establecer una garantía del 7% de sus obligaciones y otro 5% del valor de las cargas de urbanización. Así, las cargas de urbanización están fijadas en 6,7 millones de euros y se le reclama una garantía de 337.675 euros “para asegurar el cumplimiento del convenio” y en el caso de que las obras no se inicien en doce meses “se considerará que existe una causa de resolución del convenio” al margen de las penalidades económicas que concurriesen.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha culpado al PP “del convenio tan perjudicial que firmaron en su momento y que nosotros no habríamos rubricado en modo alguno, con un plan que preveía 550 viviendas construidas en torres junto a una zona residencial, deportiva y educativa, lo que evidencia la falta de una planificación adecuada, además de una ausencia de garantías y avales para su ejecución”.

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