Entrevistamos a Jorge Rodriguez, presidente de la Diputació de València
Jorge Rodríguez colgó el cartel de ‘nueva’ en la puerta del Palacio de la Batlia hace un año cuando accedió a la presidencia de la Diputación de Valencia acompañado por sus socios de Compromís, EU y València en Comú. Un adjetivo que se ha convertido en un mantra en boca de los actuales gestores. El alcalde socialista de Ontinyent hace balance para InfoTúria de este intenso primer curso en el que los municipios han recibido una lluvia de 150 millones de euros, se ha enterrado a la empresa Imelsa y Franco ha dejado de ser presidente honorario de la institución, entre otras cosas.
¿Ha logrado romper con el pasado? ¿En qué se ha materializado esa ruptura?
Podemos decir que se ha acabado el clientelismo, que es decir mucho en una institución que basaba su gestión en planes teledirigidos y ayudas que se concedían con un peso importante del color político del ayuntamiento en cuestión. Esa ruptura se ha materializado en los criterios objetivos a la hora de de-sarrollar los planes. Ahora los alcaldes y alcaldesas tienen muy claro lo que les corresponde. Los nuevos criterios gustarán más o menos, pero son objetivos y, por tanto, más justos y transparentes.
En la apuesta por romper con el pasado se ha enterrado a la empresa pública Imelsa.
El pasado de Imelsa está en manos de los tribunales, que contarán con toda la colaboración de los actuales gestores de la Diputación, como desde el primer minuto. Lo que nos ocupa es Divalterra que, por primera vez desde su fundación, va a tratar de cumplir con su objeto social, que es el desarrollo económico de los municipios, alejado del clientelismo que ha acabado ensuciando la imagen de una empresa que depende de la Diputación. Lo que hemos querido evitar en Imelsa es que se produjera otro Canal 9 y acabaran en la calle las más de 700 personas que forman la plantilla de la actual Divalterra. El vehículo de Divalterra, como el de la Diputación, no es malo; el problema eran los conductores.
Sus socios van más allá y pretenden firmar el acta de defunción de la Diputación. ¿Comparte esta postura?
Lo importante no es la Diputación en sí sino su utilidad. No podemos olvidar la función de salvaguarda que cumplen las diputaciones para los municipios de menos de 20.000 habitantes; en el caso de los más pequeños, llegan a cubrir el 90% de las inversiones. Eso no quiere decir que esta cobertura deban darla las diputaciones, pero reducir el debate sólo a estas instituciones es miope, pues el problema que tiene España va más allá, con una indefinición de las competencias que tiene cada administración en su interacción con el Estado. Soy pragmático y mientras no haya una reforma constitucional y las diputaciones existan tenemos la responsabilidad de que sean eficaces, transparentes y útiles.
Coincidiendo con el final de curso ¿qué nota se pone?
El objetivo de estos primeros meses era que los valencianos dejaran de sentir vergüenza por esta institución. En ese sentido estoy muy satisfecho.
El Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles ha repartido 84 millones de euros entre los ayuntamientos que los alcaldes, por primera vez, han podido decidir dónde invertir.
Era uno de los grandes principios que teníamos claro que aplicaríamos desde el minuto cero. Como alcalde que soy antes que nada, tengo claro el gran potencial que tiene el municipalismo. De ahí la apuesta por respetar la autonomía de los alcaldes y alcaldesas, frente a los planes teledirigidos de la anterior etapa, en la que el gobierno de Alfonso Rus decía a los ayuntamientos en qué debían gastar las ayudas que concedía la Diputación de Valencia.
¿Continuarán otros planes heredados como el Plan Provincial de Obras, el Plan de Carreteras, La Ruta de la Salud o La Dipu te beca?
Hemos cambiado de raíz la forma de gestionar pero eso no quiere decir que los programas que han funcionado no deban mantenersecomo la Ruta de la Salud o el Sona la Dipu. La Dipu te beca ha pasado a ser un programa de gestión del talento que pretendemos desarrollar en el horizonte 2016-2019, enfocado al retorno del talento con becas más dignas y oportunidades reales de trabajo. El PPOS ha pasado de 17 a 34 millones y ha concentrado en un solo plan la dotación de los planes teledirigidos de antes y son los alcaldes los que deciden en qué actuaciones invierten. El Plan de Carreteras, con 30 millones, apuesta por actuaciones en todas las comarcas para resolver los problemas de seguridad vial y acabar con los puntos conflictivos.
En su visita al psiquiátrico de Bétera habló del fin del “aparcadero de enfermos mentales”. ¿Cuándo estará listo el ‘nuevo’ psiquiátrico?
Tenemos una hoja de ruta y hemos dado los primeros pasos junto a la Conselleria de Sanidad pero este es un tema que debe resolverse entre las dos instituciones y es difícil fijar unos plazos. Lo importante es que la Generalitat coincide en que hay que acabar con el aparcadero de enfermos mentales e integrar el psiquiátrico en la red de salud pública, contando con el Ayuntamiento de Bétera para facilitar esa integración de los pacientes. Ojalá podamos ver los avances en la presente legislatura.
¿Qué asignatura pendiente le queda para el próximo curso político?
Retos quedan muchos. Me quedaría sobre todo con la cooperación con la Generalitat y los ayuntamientos, que ya hemos iniciado. Partimos de la base de que el dinero no es de la Generalitat, ni de las diputaciones, ni de los ayuntamientos, sino de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Lo normal, que es la colaboración institucional y no la ‘guerra de Palaus’ que durante años ha escenificado el Partido Popular, parece que es lo extraordinario.
