Juan Pedro Serrano, secretario general PSPV de La Pobla de Vallbona
El pasado día 23 de diciembre el Senado aprobó la llamada ley Celaá, la octava ley de educación que se promulga en nuestro país desde que recuperamos la democracia. Partidos políticos de derecha y diversas asociaciones de carácter conservador han mostrado su oposición a la misma desde el momento en que se conoció la intención del gobierno de derogar la LOMCE. Ahora, una vez que el texto ha superado los trámites necesarios y solo espera su publicación en el BOE, la estrategia de acoso y derribo que han programado los grupos contrarios a la entrada en vigor de la nueva ley parece centrarse en tres objetivos concretos: inundar medios de comunicación y redes sociales con informaciones falsas y opiniones malintencionadas, difamar, y hacer ruido en las calles y los colegios que se consideran afectados de manera negativa por la misma. Tanto ruido como sea posible para tratar de ocultar el verdadero motivo que inspira sus protestas, las intenciones reales que persiguen.
La desinformación, los bulos y la defensa de intereses que poco o nada tienen que ver con la educación ni se ajustan a lo que entenderíamos como crítica razonable y constructiva al espíritu y la letra de la norma, impiden un debate sosegado, que facilite la búsqueda de consensos y haga posible un gran acuerdo que proporcione estabilidad al sistema educativo. Un escenario confuso, envenenado, en el que adquiere todo su significado la afirmación que realizara Koyré en La función política de la mentira
moderna: “Nunca se ha mentido tanto como ahora. Ni se ha mentido de una manera tan descarada, sistemática y constante”.
Los pseudoargumentos que ofrecen la derecha política, las “empresas educativas” y la jerarquía de la iglesia católica, tridente ideológico y mediático en la tarea de confrontación a la ley y el gobierno que la impulsa, no persiguen en absoluto mejorar la educación, acabar con un modelo educativo injusto, generador de desigualdades, segregacionista. No buscan la defensa de un derecho básico de todas las
personas, como es el del acceso en condiciones de igualdad a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Ni creen, como aseguran defender, en la libertad de elección de centro por parte de las familias, cuestión que reclaman manifestando una actitud hipócrita que avergüenza. Lo que en realidad plantean no es un debate educativo, sino exclusivamente político y económico, en el que la educación
pasa a considerarse tan solo como el medio adecuado para conseguir un fin no declarado.
Estos falsos defensores de una educación en la que no creen, y de una libertad que niegan a quienes no siguen sus consignas, lo único que defienden son sus privilegios e intereses particulares. Y para ello, mienten. Porque no es verdad que la nueva ley pretenda perjudicar o cerrar ningún centro privado concertado ni suprimir colegios de educación especial. Como tampoco es cierto que el castellano peligre en las comunidades con lengua cooficial, o que la asignatura de educación en valores éticos esté pensada como instrumento de adoctrinamiento del alumnado, sino todo lo contrario. Ni es cierto que esta sea una ley impuesta, no consensuada; como sí lo fue, por contra, la desafortunada y todavía vigente ley Wert, que tanto daño ha provocado, y que se aprobó con el único apoyo del Partido Popular, sin diálogo, sin debate previo ni consulta a los y las representantes de los diferentes sectores educativos, con el rechazo de todos ellos: familias, profesorado y alumnado.
Todas y cada una de las patrañas con las que se pretende desprestigiar la LOMLOE se rebaten de una manera muy simple: leyendo la ley. Algo que parece evidente que no han realizado con la atención que sería deseable quienes la reprueban de manera tan inconsistente y grosera.