El PSPV de Llíria ha anunciado que el Ayuntamiento ha iniciado el proceso administrativo para embargar las cuentas bancarias y las devoluciones de la Agencia Tributaria de más de 500 vecinos con el objetivo de cobrarse los impagos por las multas de tráfico.
P.G.
La decisión del gobierno municipal se produce después de que el consistorio haya comunicado infructuosamente a los infractores el impago de las sanciones de tráfico y les advierte de que contra la misma pueden interponer el correspondiente recurso ante el juzgado de Valencia que, transcurrido un mes, se entenderá como rechazado.
El Ayuntamiento de Llíria ha recurrido al embargo de las cuentas bancarias de los más de 500 vecinos de la capital edetana y de las localidades limítrofes para hacer efectivo el cobro de la deuda por la sanción de tráfico y, según los socialistas, lo ha comunicado a la Agencia Tributaria para que, en caso necesario, se haga cargo de la misma a través de la declaración de la renta de cada conductor con la finalidad de agilizar el abono de la multa.
El PSPV de Llíria lamenta que el gobierno del PP “tenga que recurrir directamente al embargo de las propias cuentas bancarias para hacer efectivo el cobro de las multas y los débitos pendientes por su incapacidad para comunicar correctamente a los infractores de la existencia de la sanción administrativa ya que en muchos casos no se ha podido contactar con los deudores”.
El grupo socialista censura que el PP de Llíria “sea incapaz de agotar las vías del diálogo con los infractores antes de adoptar una decisión tan dramática como embargar los sueldos de las familias que tienen pendientes el pago de multas, impuestos o tasas municipales sin previo aviso sino con un anuncio público a través de un edicto de la Diputación de Valencia que no tiene el eco y la difusión necesaria para cumplir su finalidad”.
La formación de la oposición considera un “error” la adopción de vías tan drásticas como el embargo de las cuentas “de las que dependen muchas familias para comer y subsistir con una falta absoluta de tacto por parte del alcalde y su equipo de Gobierno; se trata de combinar ambos intereses, la obligación legal del consistorio de cobrar las deudas pendientes y, al mismo tiempo, tener en cuenta una sensibilidad social para hacerlo efectivo a través del diálogo sin emplear la fuerza administrativa”.
Los socialistas lamentan que el ejecutivo local “primero emprendió su cruzada contra los propietarios de terrenos para llevar a cabo programas de actuación integrada en un momento de crisis económica y ahora toca el turno a los infractores de tráfico a los que se les embarga directamente las cuentas bancarias con pocas explicaciones”.
Por ello, instan al alcalde a “emplear el diálogo antes de adoptar este tipo de decisiones que pueden tener consecuencias importantes sobre muchas familias, más allá de su obligación legal de ingresar y hacer efectivas las deudas de los contribuyentes”.