El consistorio de Riba-roja de Túria solicitó la cesión de las parcelas a expensas de un acuerdo que no se ha producido
La comunidad de regantes Lorca y Quint de Riba-roja de Túria ha reclamado al Ayuntamiento el pago por la ocupación de los terrenos sobre los que consistorio construyó dos pozos de agua potable con una capacidad de más de 3.000 metros cúbicos para abastecer a las urbanizaciones del margen izquierdo del río Túria -alrededor de 2.000 chalés- entre 1998 y 1999.
El Ayuntamiento de Riba-roja ce Túria solicitó hace 16 años bajo el mandato del popular Francisco Tarazona la cesión de las parcelas de 1.012 metros cuadrados a expensas de llegar a un acuerdo compensatorio con la comunidad de regantes, o bien con la permuta por otros terrenos o con la compra directa de los mismos tras llegar a un acuerdo tácito.
Sin embargo, la entente no llegó y ahora regantes han presentado una instancia en el Ayuntamiento donde reclaman una resolución final ya que “al no estar a día de hoy escrituradas las parcelas, los impuestos y tasas corren a cargo de la comunidad sin que hasta el momento el consistorio haya sufragado cantidad económica alguna al respecto”, según explican fuentes municipales.
El actual gobierno municipal – PSPV, Compromís y EU- está estudiando una solución final para resolver un conflicto urbanístico que atribuye “a la deficiente gestión que en su momento llevó a cabo el anterior gobierno”.
Las reclamaciones de los regantes de Riba-roja se unen a otras peticiones realizadas en las últimas semanas como la del PAI del Calvari que se remonta a 1997 y que permitió ocupar unos terrenos privados para el campo de fútbol a cambio de entregar a cada uno de los propietarios unas parcelas en la futura zona del Calvari.
Sin embargo, hasta ahora no se ha entregado las parcelas ni tampoco se les ha abonado ninguna indemnización por unas propiedades valorados en 3 millones de euros en total.
Otro de los conflictos urbanísticos se centra en el proyecto del Barranc de les Monges para la construcción de un anfiteatro para la que se acordó con sus propietarios su ocupación en 2005 a cambio de una futura permuta en terrenos ubicados en otra área del término municipal, aún sin determinar.
Sin embargo, el proyecto no ha cristalizado “sólo se usa como pipican” y sus dueños exigen una indemnización de 2 millones de euros por el uso de los terrenos durante ocho años.
El último problema urbanístico al que se debe enfrentar el Ayuntamiento de Riba-roja es el del parque Montealcedo, una zona verde que se realizó a cambio de unas parcelas municipales que no se han entregado. Los afectados han conseguido una sentencia favorable de la Junta Provincial de Expropiación que obliga al consistorio a abonar 1,7 millones de euros a los propietarios de la citada área.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha criticado que “la mala gestión urbanística del gobierno del PP que se dedicó a ocupar terrenos y llevar adelante proyectos sin tener en cuenta las consecuencias para la administración local y ha asegurado que se actuará “con absoluto rigor y compromiso con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos de acuerdo a los informes y a la legalidad vigente en estos momentos”.