El Valencia CF le reclama al consistorio de Riba-roja de Túria la devolución del dinero que ya se ha gastado
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un informe oficial al Consell Jurídic Consultiu sobre la reclamación de 25 millones de euros que el Valencia CF -a través de la empresa Litoral del Este impulsada por el club – exige a las arcas municipales por la anulación del PAI de Porxinos en la que se preveían la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1,2 millones de metros cuadrados del término municipal.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria – PSPV, Compromís y EU- ha instado a este órgano que se encarga de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico valenciano la elaboración de un informe sobre la petición que el pasado año realizó el Valencia CF al Ayuntamiento “para dictaminar sobre la fundamentación jurídica de la misma”.
El club pretende que el consistorio devuelva los 25 millones de euros al entender que el PAI de Porxinos nunca se llevó a cabo, aunque ese dinero se gastó a razón del 10% sobre la adquisición por el excedente de aprovechamiento, indemnización a los propietarios, gastos generales, además de obras como la piscina, el molino, el centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano, si bien estas dos últimas no se llegaron a ejecutar.
El nuevo equipo de gobierno considera “indispensable” una opinión por parte de un organismo público “ya que se trata de una petición muy relevante para el futuro de este ayuntamiento por el riesgo económico en el que se podría incurrir por la deficiente gestión del PP en una proyecto que en su momento los que estábamos en la oposición ya avisamos, tanto por las deficiencias urbanísticas que se cometieron, el pelotazo económico que se permitió a los urbanizadores así como por las graves consecuencias financieras que pueden suponer para este consistorio”.
La Sindicatura de Comptes ha investigado también las operaciones económicas que se llevaron a cabo en el año 2014 en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que se incluye un organigrama municipal, un inventario de bienes municipales actualizado, una relación exhaustiva de todos los certificados de actas de los órganos de gobierno de la corporación bajo mandato del exalcalde popular, Francisco Tarazona.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado que la acción del gobierno municipal “persigue una defensa acérrima de los intereses de los ciudadanos ante una demanda de la magnitud y que si se confirmase pondría en cuestión la viabilidad futura del consistorio, por ello estamos solicitamos una opinión adicional a los informes que ya nos otorgan la razón en nuestro proceder”.
El actual gobierno subraya que en el convenio que en el año 2005 rubricó el Ayuntamiento de Riba-roja y Litoral del Este, como agente urbanizador, se preveía que en caso que los tribunales anulasen el plan urbanístico “el ayuntamiento quedaba exonerado de devolver los 25 millones de euros concedidos por el mismo si se tramitaba un nuevo plan alternativo presentado por la empresa”.
El nuevo PAI de Porxinos está a la espera de que la Conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la viabilidad ambiental y técnica en el citado paraje. El consistorio añade que los 25 millones de euros entregados en virtud del convenio originario “se abonaron voluntariamente por la empresa a su riesgo y cuenta, vinculados únicamente a la tramitación del plan y se aportaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la Generalitat”.
Raga ha concluido que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu “es imprescindible para que el ayuntamiento tenga el máximo de informes que avalen la posición de la administración local para proteger todos los intereses de los ciudadanos”.
