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Porxinos: el final de una aberración urbanística

Robert Raga, alcalde de l’Ajuntament de Riba-roja

El dramaturgo y abogado francés Victor Hugo afirmó en su día que “la primera justicia es la conciencia” y, por supuesto, en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria la teníamos muy tranquila. Sabíamos que habíamos actuado de acuerdo a la ley y la justicia, ciertamente, nos ha dado ahora la razón en todos sus extremos. El archiconocido programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos ha vivido esta semana un nuevo episodio con la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València. Desestima la demanda del València, a través de la mercantil Litoral del Este, que solicitaba al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 25 millones de euros como indemnización por la anulación del PAI. El fallo no deja lugar a dudas sobre la impoluta y pulquérrima actuación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que, en todo momento, siguió las indicaciones y los informes de los técnicos municipales. Los jueces llegan a afirmar que la parte demandante, es decir, el València actuó con “abuso de derecho y mala fe” mientras la actuación del ayuntamiento “ha sido diligente”. Por ello, la sentencia exime a las arcas municipales de abonar 25 millones de euros que, por otra parte, habrían sido un varapalo en este momento en el que los políticos debemos continuar apoyando a nuestro tejido comercial, autónomos y empresas azotados por la crisis sanitaria de la pandemia del Covid.

Si hacemos memoria y retrocedemos en el tiempo, cabe recordar que el proceso se inició en el año 2005 cuando el entonces gobierno municipal, encabezado por el Partido Popular, decidió rubricar un convenio con la mercantil Litoral del Este, impulsada por el Valencia CF, para construir 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre la Vall de Porxinos. Todo un programa urbanístico que, bajo el paraguas del deporte, se ha descubierto como un gran pelotazo económico que a la empresa promotora le reportó 141’2 millones de euros en plusvalías, como así se acredita en la sentencia. No contentos con ello, la empresa quería que el ayuntamiento le devolviese, con intereses e indemnizaciones, el dinero que en su momento aportaron al municipio, libremente, en concepto de contraprestaciones. De ahí, que los jueces hayan calificado de “abuso de derecho y mala fe” las reclamaciones económicas de la parte demandante. Los socialistas ya votamos en aquel momento –año 2005- en contra del proyecto y ya advertimos de las terribles consecuencias. El tiempo nos ha dado la razón.

Sin embargo, la empresa promotora no actuó sola, sino que contó con el apoyo necesario y la connivencia del ayuntamiento de aquel momento y de la propia Generalitat, ambos gestionados por el Partido Popular. Ninguna circunstancia es baladí ni casual. Todo tiene su conexión y su explicación. No obstante, al final tanto el Tribunal Superior de Justicia primero en 2013 como, a continuación, el Tribunal Supremo en el año 2015 han dado al traste con una iniciativa que no era beneficiosa ni para el paraje natural de Porxinos ni para los ciudadanos de Riba-roja de Túria. Mención especial también para el Govern del Botànic que se ha encargado, desde las diferentes conselleries de la Generalitat, de anteponer el interés general de todos los ciudadanos a los intereses económicos de unos pocos, especialmente cuando esa minoría solo tenía el objetivo de dar un pelotazo económico para financiar una deficiente gestión de sus dirigentes. Y ahí, tanto el pueblo de Riba-roja de Túria como las entidades ecologistas se han aunado en una lucha por proteger nuestro patrimonio natural. Con convicción y firmeza.

Ahora solo queda que todos aquellos que se han enriquecido a nuestra costa–la promotora y, por ende, el Valencia- con los referidos 141’2 millones de euros pidan perdón por el daño ocasionado y que donen al pueblo las tierras de Porxinos como compensación por el pelotazo que realizaron. En total, 300.000 metros cuadrados de tierras con calificación agrícola que deben ser disfrutados por todos los valencianos y valencianas. Además, que no recurran de nuevo la sentencia, una más en contra, y abandonen la vía jurídica. Y por supuesto, el PP de Riba-roja y el PP autonómico deberían pedir también perdón por todo el daño infligido a nuestro municipio. Por suerte, vivimos en una sociedad democrática en la que la justicia, una vez más, ha sido la encargada de poner a cada cual en su sitio. Con equidad y con absoluta independencia.

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