El pleno del Ayuntamiento de Llíria aprobó ayer con el voto a favor de todos los grupos políticos la declaración de la capital del Camp de Túria como ciudad libre de desahucios y la aplicación de un ‘paquete’ de medidas para evitar que se repita el ‘caso Paula’.
P.G.
Tras la aprobación por unanimidad de la moción presentada por todos los grupos políticos -PP, PSPV, Compromís, EU y MOVE- el Ayuntamiento dará orden a la Policía Local de Llíria que no colabore en los desalojos de los vecinos que sólo tengan una única residencia, mientras no haya alternativa habitacional o venga dictaminado por una orden judicial inevitable.
El acuerdo plenario por el que se declara a Llíria municipio libre de desahucios también contempla la puesta en marcha de un plan de vivienda para dar respuesta al problema.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Llíria conformará un grupo de trabajo con representantes municipales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Camp de Túria para estudiar los casos de los posibles ciudadanos afectados y formular propuestas que ayuden a evitar estas complicadas situaciones.
Una de las primeras acciones será la creación de un registro municipal de viviendas destinadas a alquiler social, aportadas por el Ayuntamiento, entidades bancarias y particulares.
Asimismo, el departamento de Servicios Sociales preparará un informe sobre la viabilidad de conceder ayudas del 100% para tasas e impuestos a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social ante la posible pérdida de su vivienda.
Igualmente, el Ayuntamiento de Llíria facilitará el aplazamiento y pago de los recibos municipales a este colectivo y gestionará con el Consorcio Valencia Interior y la Diputación de Valencia la paralización de embargos por la falta de pagos a las tasas que tramitan estas entidades.
Otro punto del acuerdo establece valorar la posibilidad de suplementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para el abono de la luz, agua, alquileres u otros suministros básicos.
No obstante, el consistorio se compromete a negociar con las empresas suministradoras que no corten estos servicios a los afectados mientras dure el riesgo de desahucio, instándoles a llegar a acuerdos para condonar o aplazar la deuda.
Por último, la moción incluye otros acuerdos para que la Generalitat y el Gobierno central adopten distintas medidas e introduzcan cambios legislativos en esta línea para favorecer la inserción laboral y las ayudas a personas en riesgo de exclusión social, que impidan los desahucios de la primera y única vivienda.
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, ha manifestado que esta iniciativa “pretende manifestar la preocupación del consistorio por la dramática situación que viven muchas familias que están en riesgo de perder su vivienda, y aportar soluciones viables para que no se produzcan desahucios en nuestro municipio”, al tiempo que ha remarcado la “importancia de la mediación como mecanismo previo”.
La declaración de Llíria como municipio libre de desahucios llega un mes después del ‘caso Paula’, una madre soltera de 33 años del municipio que tras vivir un calvario perdió su casa, aunque gracias a la movilización de la PAH de Camp de Túria logró que el banco aceptara la dación en pago de la vivienda.