El portavoz de la formación ecosocialista ‘Iniciativa per Llíria’, Paco García, ha expresado sus reservas a que el juzgado número siete de esta localidad pueda convertirse en una realidad porque no existe ningún lugar habilitado para albergar ese futuro edificio.
José García
El gobierno de España, a través del Ministerio de Justicia, ha ratificado su compromiso para dotar a la Comunidad Valenciana de 22 nuevos juzgados: 12 en Valencia, 8 en Alicante y 2 de Castellón. Uno de los que se asentará en Valencia será el de Primera Instancia e Instrucción número siete de Llíria…
Sin embargo, esta noticia ha sido recibida con cierto escepticismo desde la formación opositora ‘Iniciativa per Llíria’. Su portavoz, Paco García, alberga dudas: “El Estado ha hecho los deberes, pero es posible que este juzgado no pueda entrar en funcionamiento, ya que no posee una sede”. Según el representante de este partido político, en 2006 se alcanzó un acuerdo por el que el Ayuntamiento de Llíria cedía una parcela de 2.050 metros cuadrados a la Conselleria de Justicia, “con el compromiso de que, en un plazo no superior a 5 años, ésta debería proceder a construir una nueva sede judicial”.
García apunta que “estos plazos, que acaban en enero de 2011, empiezan a peligrar y posiblemente no van a cumplirse”, lo que obligaría a optar por una alternativa poco beneficiosa para las arcas locales: “Alquilar otra planta baja en la localidad, como ya se hizo en el juzgado número seis de Llíria. Pero allí la situación es insostenible: los funcionarios y el cuerpo judicial se agolpan en oficinas y despachos llenos de papeles y sufren graves deficiencias en el suministro de material de todo tipo”.
Desde ‘Iniciativa per Llíria’ se ha reclamado al gobierno autonómico “mayor seriedad y un verdadero cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Llíria”.