Se vuelve a aprobar el PGOU de la discordia, que permite urbanizar en las inmediaciones de la Serra Calderona

La polémica está servida en Náquera, incluso cuando hay un acuerdo político entre todas las fuerzas con representación del consistorio: ayer se celebró un Pleno que sirvió para ratificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Náquera, que incluye el PAI de Fontanelles. La cercanía de este PAI con el Parque Natural Serra Calderona añade controversia a un asunto enrevesado y controvertido.

José García

El Pleno
En el Pleno Extraordinario celebrado ayer en Náquera se sometía a votación la posibilidad de aprobar el PGOU del PAI de Fontanelles, que se encuentra en la Serra Calderona. En las votaciones que tuvieron lugar ayer, las tres formaciones políticas que gobiernan el municipio en la actualidad (UPdN, PSOE e IVIN) se mostraron a favor de ratificar el PGOU. También el PP, ahora en la oposición, se mostró de acuerdo con esta decisión.

Uno de los muchos problemas que envuelven al asunto es la negativa del gobierno autonómico a permitir que este PGOU se desarrolle en los términos en que ha sido redactado. De hecho, ya había sido aprobado en 2005 y, desde entonces, había estado paralizado. Las autoridades autonómicas sostienen que afecta al Parque Natural de la Serra Calderona de un modo que choca con el ordenamiento jurídico vigente.

Los Antecedentes
En principal problema, según destacan fuentes del actual equipo de gobierno, estriba en que este asunto es una herencia que se recibe del anterior gobierno, del PP. Desde el consistorio se explica que el PGOU fue aprobado en 2005.

Fue en ese año cuando el equipo de gobierno, entonces liderado por el popular Ricardo Arnal, alcanzó un acuerdo con una empresa que deseaba acometer unas obras de urbanización en la partida de Fontanelles, en donde pretendía construir 1.300 viviendas, un hotel y un campo de golf.

Desde la corporación se explica que la situación de indefinición en que se encontraba el asunto, encallado y sin ningún tipo de modificación, resultaba insostenible. Por ello, y haciendo gala de “un auténtico ejercicio de responsabilidad”, se ha optado por ratificar el modelo territorial aprobado en 2005 para hacer frente a los compromisos urbanísticos adquiridos por anteriores gobiernos populares, haciendo frente a obligaciones heredadas  y que el actual equipo de gobierno”.

El acuerdo con el urbanizador
El acuerdo alcanzado en 2005, que ha permanecido ‘parado’ durante 7 años y que ha vuelto a ser ratificado, implicaba que el Ayuntamiento de Náquera se comprometía a ceder a la empresa promotora del PAI una serie de parcelas de titularidad municipal, situadas en la partida de Fontanelles.

La empresa constructora se comprometía, en tanto que se permitiera el desarrollo del PAI, a efectuar una inversión de 37 millones de euros en distintas obras municipales, destacando por encima del resto la inversión en el edificio multiusos ACCIS, situado en las inmediaciones de la Casa Consistorial naquerana y que actualmente sólo se ha ejecutado parcialmente.

La amenaza de demanda
En el trasfondo del asunto subyace el temor que tiene el Ayuntamiento de Náquera a que la empresa con la que se alcanzó en 2005 un acuerdo decida demandar al consistorio. Esta situación sería letal para unas arcas municipales que ya se encuentran en una situación muy precaria.

Según se recuerda desde el consistorio, la promotora del PAI de Fontanelles inició las obras del edificio ACCIS antes de hacer efectiva dicha permuta; por ello, al paralizarse la aprobación definitiva del PGOU no se llegó a ejecutar la obra completa.

Esta situación ha favorecido que, en l actualidad, el municipio de Náquera tenga un edificio a mitad construir y que no es de su propiedad; sin embargo, si no aprobarse el PAI, tendría que pagar una suma millonaria en concepto de obra avanzada.

Postura de la Conselleria y del Consistorio
El actual equipo de gobierno asegura que ha sido consciente del delicado problema que tenía entre manos desde el día siguiente a la celebración de las últimas elecciones municipales. Así que desde el mismo momento en que tomó posesión, “ha estado reclamando a la Conselleria que se pronunciara sobre este Plan General”.

La respuesta de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, según apuntan fuentes consistoriales, no se produjo hasta el pasado 9 de marzo de 2012, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental le remitió al Ayuntamiento naquerano un documento de referencia que declaraba “incompatible” el uso residencial de los sectores R-6 (Fontanelles) y R-11; además, el citado documento recomendaba su eliminación “por ser inviables con el PORN y estar situados en el área de influencia de la Sierra Calderona”.

El PORN es Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el documento que delimita, tipifica y determina los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica.

Desde la corporación municipal, sin embargo, se replica que los distintos informes redactados en su día por el arquitecto redactor del Plan cumplen con las especificaciones del PORN. En cualquier caso, el equipo de gobierno más conveniente efectuar modificaciones puntuales sobre el existente PGOU que no redactarlo de nuevo, “con el fin de no endeudar más a la población”.

Además, estas mismas fuentes añaden que el Ayuntamiento ha recibido informes favorables de la Dirección General de Régimen Económico de la Consellleria de Educación, de la Dirección General de Transportes y Logística y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Asimismo, durante los últimos 7 años “ha habido sectores que se han consolidado y otros que han comenzado su desarrollo”. El equipo de gobierno de Náquera entiende que el PGOU fue desarrollado al amparo de la RAU y por tanto ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable.

La Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, sin embargo, esgrime una ley más reciente de 2006 para eliminar los sectores afectados, sin tener en cuenta que el Plan se inició con anterioridad a 2004, momento de aplicación de la nueva normativa.

 

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