El proyecto está sin financiación por el incumplimiento de los plazos
La reunión que mantuvo ayer el alcalde de Llíria, Manolo Civera, con el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, para tratar de desbloquear el proyecto del centro de recepción de menores del Prat no se concretó en un nuevo convenio ni en una prórroga del que expiró el 31 de diciembre, tal y como pretendía el primer edil socialista.
Una vez finalizada la reunión en la que también participó la diputada de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, y en la que estuvo presente el secretario general del PSPV de Llíria, Paco Gorrea, ninguno quiso hacer declaraciones. Así que hubo que esperar al pleno de anoche en el Ayuntamiento de Llíria para conocer el resultado del encuentro.
A preguntas de la portavoz del grupo municipal popular, Reme Mazzolari, el alcalde explicó que hay tres escenarios posibles para poder continuar con el proyecto que está en punto muerto. El primero pasa por la firma de la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y la Diputació, por la rúbrica de un segundo convenio “ampliado”, de forma que financiara el 100% de la obra o por una tercera vía que pasaría por la cesión del edificio de propiedad municipal a la Diputación y a la Conselleria de Igualdad para “se pongan deacuerdo” y ejecuten el centro de menores.
De esta forma, se evidenció que a día de hoy el centro de menores carece de financiación al haberse quedado el consistorio edetano sin los 900.000 euros de la Diputación por haber incumplido el plazo de 18 meses para ejecutar la obra. De hecho, ni han entrado las máquinas en el Prat porque la adjudicación a la empresa ganadora del concurso se ha quedado sobre la mesa al carecer de crédito presupuestario. Como también se han quedado sobre la mesa las casi 4.000 firmas registradas para solicitar la convocatoria de una consulta ciudadana sobre el centro de menores.
En este año y medio, además le ha dado tiempo al PP local de acudir a los tribunales con un informe del interventor para pedir la paralización cautelar de la adjudicación como medida preventiva hasta que el TSJ se pronuncie sobre las presuntas irregularidades del proceso.
Para la portavoz popular, “el tiempo nos ha dado la razón”. Mazzolari ha valorado que los tres escenarios posibles planteados por el alcalde responden a cuestiones que el PP planteó desde que se anunció el centro de recepción de menores en Llíria: “Está fuera de plazo, por eso plantean firmar un nuevo convenio; los 900.000 euros no eran suficientes para financiar el proyecto, por lo que ahora habla de un nuevo convenio ampliado y se trata de una competencia impropia, por eso se plantea la cesión del edificio”.
La que no estuvo en la reunión con el alcalde de Llíria fue la vicepresidenta, Mónica Oltra, que convocó a Gaspar y a Berenguer la tarde anterior en la Conselleria de Igualdad para evaluar el cumplimiento de los compromisos del plan de construcción de infraestructuras sociales acordado entre la Generalitat y la institución provincial.
Oltra destacó tras el encuentro que los ayuntamientos de Carcaixent y Sueca ya han cumplido con el compromiso adquirido de llevar a cabo la construcción de los centros de previstos, que se pondrán en funcionamiento en los próximos meses, mientras que los de Paterna y Llíria todavía siguen pendientes de ejecución.