Pide a 8 de los acusados fianzas que van desde 8.227 a 194.000 euros
El juez del Caso Alquería ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez ,y otros 14 altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís.
La resolución, que da diez días a las defensas para que formulen sus escritos, pide a ocho de los acusados fianzas por importes que van desde los 8.227 a los algo más de 194.000 euros, a fin de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles, y determina la responsabilidad solidaria de los otros siete respecto a parte de esas sumas.
El juez dictó auto de incoación de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento de los encausados, el pasado 3 de febrero, en un escrito en el cual considera que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.
El magistrado considera que se produjo una contratación “simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018”, lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a “unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista”.
Se produjo así una “presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros”, señala el auto.
Todo ello se hizo “con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y con conocimiento de este plan preconcebido por el propio presidente de la Diputació de València y presidente del Consejo de Administración de Imelsa, luego Divalterra, Jorge Rodríguez, y por su equipo mas cercano, entre ellos Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, Manuel Reguart y Ricard Gallego”, añade el magistrado.
Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.