El ya ex delegado del Gobierno fue detenido ayer por la Policía en su casa familiar de Benissanó
El hasta ayer delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue detenido por la Policía en su vivienda familiar de Benissanó a primera hora de la mañana, donde permaneció hasta su traslado en un vehículo policial a la Comisaría de Sagunto. Agentes de la UDEF registraron el domicilio en la localidad de Camp de Túria de Castellano que ha sido destituido de su cargo y suspendido de militancia. El ex dirigente popular, detenido por su supuesta implicación en un presunto caso de corrupción, ha quedado en libertad provisional y se le ha retirado el pasaporte.
La vivienda familiar en Benissanó del hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue el escenario ayer de la detención del ya ex dirigente popular. Agentes de la Unidad de Delicuencia Económica (UDEF) entraron a las siete de la mañana en el edificio de dos plantas de la calle Verge del Fonament para realizar un registro que se prolongó hasta el mediodía y trasladar en un coche policial a Castellano hasta la Comisaría de Sagunto.
Junto al ya ex delegado del Gobierno, la Policía ha detenido a ocho personas más, en el marco de una investigación abierta sobre supuestos favores políticos a una empresa que presuntamente se benefició de la adjudicación de diversos contratos para la extinción de incendios durante la etapa de Serafiín Castellano como conseller de Gobernación, cuya sede también ha sido registrada.
La Fiscalía Anticorrupción es la encargada de coordinar la operación que culmina la investigación abierta por la Fiscalía el pasado octubre, consecuencia de la denuncia que interpuso el ex gerente de Avialsa. En ésta dio cuenta de presuntas irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos desde Gobernación entre 2008 y 2010, cuando este departamento estaba en manos de Serafín Castellano.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunció a las pocas horas de saltar a los medios la detención de Castellano de su destitución como delegado del Gobierno, cargo que ha ocupado durante 11 meses.
Por su parte, el PP valenciano ha suspendido cautelarmente de militancia a Castellano y ha abierto expediente informativo. En un comunicado hecho público ayer, el PPCV justifica que “las informaciones aparecidas conllevan un deterioro publico muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales”.
Las reacciones del resto de los partidos tampoco se han hecho esperar y han incidido en que la detención de Castellano se ha llevado a cabo por sus propios subordinados. El diputado del PSPV, Manolo Mata, ha valorado que “estamos hablando ya del núcleo más duro del PP” ya que ha ostentado todo tipo de cargos dentro de la dirección del PP, así como en las consejerías “y es la zorra que estaba en el gallinero”.
Mata, ha asegurado que “los socialistas confiamos en que este tipo de noticias pasen a las páginas de sucesos porque tengamos un Gobierno de manos limpias que se preocupe de los ciudadanos y que los yonquis del dinero acaben expulsados de la vida política” y ha lamentado que la Comunitat Valenciana “vuelve a encabezar los titulares de sucesos por hechos luctuosos relacionados con la corrupción”.
Por su parte, el secretario general de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que la detención de Serafin Castellano, evidencia que “el PP tenía la corrupción como forma de gobierno” y “simboliza que el PP se está resquebrajando porque ha perdido el único pegamento que los mantenía unidos, el poder y los beneficios de la corrupción” y ha lamentado que “más que un partido, era una trama mafiosa sin más objetivo que el enriquecimiento de sus dirigentes y de sus amigos, que no necesitaban presentarse a las elecciones”.
El líder de Podemos en la Comunitat Valenciana se ha referido también a los casos Gürtel, Imelsa, Brugal, Cooperación, Nóos, Fitur, Terra Mítica, Canal 9 o Ivex , que “revelan un sistema corrupción generalizada que ha saqueado las arcas de las instituciones”. Así, ha mencionado la existencia de más de 100 dirigentes del PP, altos cargos y ex responsables en ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones y consellerias que están imputados acusados de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida o delito electoral.
Montiel ha insistido que los dirigentes del PP “han demostrado tener una voracidad desmedida en el expolio de las instituciones “y en todos los ámbitos, en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en la cooperación internacional, en la televisión pública, en las infraestructuras, en la gestión de residuos o en la gestión de incendios forestales”.
EL diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto registró ayer la petición de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que “explique qué actuación va a seguir el Gobierno con respecto a la actuación del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana”, tal y como reclamó en marzo para dar cuenta de las “posibles actuaciones del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en favor de empresas adjudicatarias de contratos públicos en dicha comunidad”
El diputado valenciano ha recordado que estas iniciativas planteadas por IU y tumbadas sistemáticamente por los ‘populares’ a raíz de que “en aquel momento ya aparecían determinadas informaciones respecto a las tortuosas relaciones de Serafín Castellano con determinadas empresas que habían contratado con las administraciones públicas”. “Lo hicimos para que el Gobierno diese cumplida información respecto a este tipo de relaciones”, pero “como tantas otras veces, hizo oídos sordos y hoy nos encontramos con el bochornoso espectáculo de ver al delegado del Gobierno, al responsable último de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana detenido por estos mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Sixto considera lo ocurrido como una “auténtica vergüenza pública que afecta, no ya solamente al PP valenciano, no ya al propio Serafín Castellano, sino al propio Gobierno de España, que lo ha estado manteniendo en el cargo hasta el día de su detención”.