El fallo del TSJ señala que el PP ejecutó las obras sin el proyecto técnico
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volverá a sacar a finales de año el contrato del servicio de abastecimiento de agua potable que anuló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en noviembre de 2016 tras el dictamen de la comisión municipal que descartó su rescate por parte del municipio por los informes técnicos que desaconsejaban su recuperación.
Con el nuevo proceso de adjudicación, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tendrá que indemnizar con 2,3 millones de euros a la concesionaria actual que resultó vencedora del proceso administrativo que tuvo lugar bajo mandato del PP. Esta indemnización se abonará en virtud de las obras de modernización y mejora realizada en la red de abastecimiento que las arcas municipales podrán recuperar a través del nuevo contrato que establecerá la misma cantidad económica para la nueva adjudicataria que se subrogará estos gastos.
Los servicios técnicos del ayuntamiento elaborarán un nuevo pliego de condiciones previo al concurso público cuya fase final concluirá a finales de este año con su adjudicación a una nueva empresa que gestionará el abastecimiento de agua a los vecinos de Riba-roja.
La sentencia origen de este proceso judicial arrancó cuando una de las aspirantes al concurso –Aguas de Valencia– impugnó el mismo al entender que en la actuación administrativa se habían producido una serie de irregularidades y deficiencias como la falta de redacción y aprobación de los proyectos y anteproyectos para la ejecución de las obras, la instalación a la red de saneamiento separativa del polígono l’Oliveral y el abastecimiento de agua potable para el polígono industrial de la zona sur o la conexión de depósitos del Calvari con la finca existente en la variante.
El fallo obliga al Ayuntamiento de Riba-roja a volver a sacar a concurso el servicio de abastecimiento a raíz de las deficiencias admitidas en el proceso. Mientras se saca el nuevo pliego y se ejecuta la sentencia, el consistorio ha prorrogado hasta finales de 2018 el servicio.
La comisión del agua ha decidido rechazar su municipalización a raíz de los informes técnicos municipales que desaconsejan esta fórmula por los elevados costes económicos para las arcas municipales. Por tanto, se ha optado por continuar con la fórmula de externalizar el servicio como hasta ahora, aunque el periodo establecido -fijado en 20 años en la adjudicación del PP- se adaptará a las necesidades que se requieran.
Ambas soluciones, volver a licitar el servicio del agua potable de acuerdo a la sentencia o municipalizarlo, suponían el mismo desembolso del ayuntamiento para indemnizar a la empresa concesionaria, aunque en el caso de externalizar el servicio se puede recuperar a través del pliego de condiciones del nuevo adjudicatario.
El actual equipo de Gobierno ha recordado que el PP adjudicó el servicio el 30 de julio del 2012 a Hidraqua “sin la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas”. Además, el anteproyecto debía contener una memoria, los planos de situación, un presupuesto, un estudio del régimen de utilización y explotación de la obra, someterla a información pública y la introducción de las variantes o mejoras que estimen oportunas.