El PP presenta la demanda para impedir la adjudicación del centro de menores

Pleno ayuntamiento Llíria

Los populares llevan al TSJ las «irregularidades» denunciadas

El PP de Llíria ha presentado la demanda ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que piden la suspensión cautelar de la adjudicación de la obra del centro de menores mientras se «entra a fondo» en las presuntas irregularidades detectadas por los populares en la licitación.

La portavoz del grupo municipal popular, Reme Mazzolari, ha defendido una vez más que el centro de recepción de menores de El Prat «no debe venir esta instalación, dada la carencia de muchos servicios supramunicipales que este tipo de centro requiere para garantizar una atención de calidad a los menores».

Mazzolari ha defendido, asimismo, la convocatoria de una consulta ciudadana -cuya petición han avalado 4.000 firmas- para decidir sobre el centro de menores, ya que ningún partido que concurrió a las elecciones en 2015 lo llevaba en su programa. «Es inadmisible que en un estado democrático de derecho, el alcalde pretenda la imposición de una instalación de este tipo en nuestra localidad».

Para los populares, es «insólito» que ante las dificultadas que plantea la rehabilitación del edificio del Prat, dado su mal estado estructural y la insuficiencia económica de la subvención para abordar las obras -el convenio con la Diputación venció el 31 de diciembre-, «el alcalde no paralice el proceso de contratación y haya seguido dando pasos para adjudicar la ejecución del proyecto».

Ante ello, el PP de Llíria, justifica Mazzolari «nos hemos visto obligados a denunciar la situación, primero en los plenos y en asambleas vecinales, más tarde presentando un recurso de reposición ante los servicios jurídicos municipales que se nos desestimó sin argumentos y finalmente, no nos ha quedado otra opción que la de recurrir ante la justicia».

Entre la lista de irregularidades, a juicio de los populares, figura que no cabe la atribución a un Ayuntamiento de una competencia propia de la Diputación; la insuficiencia de crédito, ya que el proyecto técnico de ejecución establece un presupuesto de obras de 1.755.517,15 euros y el convenio firmado entre la Diputación y el Ayuntamiento, la subvención para financiar las obras tiene un importe máximo de 910.478,50 euros.

Asimismo, subraya que el convenio suscrito en 2017 para la construcción de un centro de recepción de menores no permite el fraccionamiento por lotes de la obra a ejecutar.

La demanda subraya que se está fuera de todo plazo establecido en el convenio, dado que la “justificación final de obras” debía estar con fecha de 31 de diciembre de 2018, por lo que la adjudicación de esa obra, en estos momentos, sería nula, salvo que lo pague el Ayuntamiento con recursos propios. «No podemos pagar los llirianos, algo no previsto en el presupuesto aprobado por el pleno y más aún del importe que se está hablando, tratándose además de una obligación de la Consellera de Políticas Inclusivas».

La portavoz de la oposición ha expresado su confianza en que la justiscia «nos de la razón como ya ha hecho el interventor municipal en su último informe» y que «se atienda la voluntad mayoritaria de los vecinos de Llíria».

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