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El juzgado admite a trámite la demanda del PP para paralizar el centro de menores de Llíria

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Mazzolari y Bonig, en una visita a El Prat.

Los populares denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación

El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia ha admitido a trámite la demanda contra el Ayuntamiento de Llíria presentada por la portavoz del grupo municipal del PP en el consistorio edetano, Reme Mazzolari, contra la adjudicación de las obras del futuro centro de menores proyectado en El Prat.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha remitido al juzgado la demanda de los populares en la que solicitan que se declare nula la adjudicación de las obras por presuntas irregularidades. Entre otras, el supuesto fraccionamiento del objeto del contrato y la falta de presupuesto.

Los populares presentaron un recurso de reposición ante los servicios jurídicos municipales que se desestimó, pero un informe solicitado por el PP y la concejala no adscrita al interventor municipal advertía ya de que la adjudicación a una de las tres empresas que se presentaron al concurso era nula por falta de crédito e instaba a dar marcha atrás. Lo que no fue obstáculo para que se adjudicaran las obras. Sin embargo, las máquinas no han entrado en el antiguo reformatorio al expirar a finales del pasado año el convenio de financiación firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia que contemplaba 900.000 euros.

En este momento, el centro de menores, que debía estar finalizado desde principios de este año, carece de presupuesto y a pesar de la reunión mantenida entre el alcalde de Llíria, Manolo Civera, y el presidente dela Diputación, Toni Gaspar, no se ha desbloqueado la financiación.

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El alcalde de Llíria y el presidente de la Diputación en la reunión sobre el centro de menores.

Mazzolari ha explicado que tras el rechazo municipal, presentó una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ tal y como le indicaron desde el Ayuntamiento en la que pedía la suspensión cautelar de la obra, pero este órgano judicial se ha declarado incompetente y lo ha enviado al juzgado de lo contencioso-administrativo que ha admitido a trámite la demanda.

Entre la lista de irregularidades, a juicio de los populares, figura que no cabe la atribución a un Ayuntamiento de una competencia propia de la Diputación; la insuficiencia de crédito, ya que el proyecto técnico de ejecución establece un presupuesto de obras de 1.755.517,15 euros y el convenio firmado entre la Diputación y el Ayuntamiento, la subvención para financiar las obras tiene un importe máximo de 910.478,50 euros.

Asimismo, subraya que el convenio suscrito en 2017 para la construcción de un centro de recepción de menores no permite el fraccionamiento por lotes de la obra a ejecutar.

La demanda subraya que se está fuera de todo plazo establecido en el convenio, dado que la “justificación final de obras” debía estar con fecha de 31 de diciembre de 2018, por lo que la adjudicación de esa obra, en estos momentos, sería nula, salvo que lo pague el Ayuntamiento con recursos propios.


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