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La empresa del fallido centro de menores de Llíria reclama 42.000 euros al Ayuntamiento

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Recurre la paralización de la adjudicación de las obras

La renuncia del Ayuntamiento de Llíria al centro de recepción de menores proyectado en El Prat podría costar ahora a las arcas municipales algo más de 42.000 euros. Esa es la cantidad que le reclama la empresa, virtual adjudicataria de las obras como indemnización por daños y perjuicios.

La adjudicación de las obras se quedó sobre la mesa a principios del año pasado por falta de crédito presupuestario una vez cumplido el plazo de 18 meses que le dio la Diputació de València para financiarlas y después de las elecciones el alcalde Manolo Civera renunció definitivamente al centro de menores.

Ahora una de las tres empresas que presentaron oferta ha interpuesto, con fecha de 6 de junio, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Llíria como consecuencia del acuerdo municipal de no adjudicación del contrato de la obra de rehabilitación del edificio que debía acoger a los menores tutelados por la Generalitat.

La marcha atrás en el procedimiento iniciado para la adjudicación de las obras se plasmó en una resolución de alcaldía de junio del 2019 en la que se acordó no adjudicar el contrato de las obras por «razones de interés público».

Antes de enterrar definitivamente el proyecto y renunciar públicamente al centro de menores Civera, intentó seguir adelante a pesar de las movilizaciones ciudadanas, las demandas de la oposición en los juzgados y del desmarque de su socio de Compromís antes de acudir a las urnas.

Para ello se aprobó en la Junta de Gobierno en septiembre de 2018 el expediente de contratación y convocar el procedimiento para la contratación de las obras y dos meses después se declaró valido el acto de licitación para la adjudicación del contrato y se reclamó a la empresa que presentara la documentación y el aval.

Por ese motivo, la empresa pide como compensación 42.341 euros, más los intereses sobre los gastos, en lo que se incluyen los gastos de la preparación técnica y administrativa de la oferta y el beneficio industrial dejado de obtener -calculado en 6% sobre la proposición que resultó adjudicataria que asciende a 37.519 euros-.

El recurso, que considera la renuncia «ilegal» por no justificar el interés público de la misma, recoge el informe de Intervención que señala que «detectada la inexistencia de crédito debe procederse a la renuncia de la adjudicación del contrato, indemnizando si han concurrido en gastos a los licitadores aún cuando no ha habido licitación».

El Ayuntamiento de Llíria firmó en el año 2017 un convenio con la Diputació de València para financiar las obras que contemplaba una subvención de 910.478,50 euros y un plazo máximo para la justificación final de obras de 31 de diciembre de 2018.

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