Producto de litigios celebrados entre 1995 y 2015
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria acumula a estas alturas el pago de un total de 1’8 millones de euros entre las sentencias y las deudas heredadas de la etapa de gobierno del Partido Popular -periodo que medió entre los años 1995 y 2015- a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, el “riesgo financiero” podría alcanzar los 42 millones de euros a medio plazo, incluida la cantidad abonada hasta ahora, a causa de los litigios judiciales pendiente de la correspondiente sentencia.
El alcalde, Robert Raga, ha apuntado que actualmente “el equipo de gobierno está trabajando con mucho esfuerzo y dedicación para minimizar lo máximo posible el pago de estas reclamaciones judiciales”. También destaca que son “fruto del desorden que reinaba en los veinte años de gobiernos del Partido Popular”.
La compensación por la ocupación de terrenos de particulares para construir o llevar a cabo infraestructuras municipales es la que se lleva la parte del león de las reclamaciones judiciales que está afrontando el ayuntamiento. Entre ellas, los 879.000 euros que ha abonado a cuenta de los 6’7 millones de euros -según dictamen del TSJ- que una familia reclama por el suelo de Paretotes.
La ocupación de los terrenos donde actualmente se asienta el campo de fútbol es una de los de mayor desembolso económico que ha tenido que atender desde el comienzo de la legislatura, con una cifra total de 300.000 euros. El anterior ejecutivo local había acordado con los dueños una compensación urbanística a cuenta del futuro desarrollo del plan del Calvari.
Otros de los pagos que ha abonado durante este último año el consistorio han sido los algo más de 60.000 euros donde se construyeron los depósitos de agua potable destinados a dar servicio a los habitantes la localidad. El anterior gobierno del PP acordó con los dueños de los terrenos el pago en metálico o su compensación con otros resultantes de la futura actuación urbanística prevista en la zona.
La reclamación de la Diputación de Valencia es una de las de mayor volumen: un total de 575.865 euros correspondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, no realizó en la cuenta del organismo provincial en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014. El actual gobierno acordó un fraccionamiento de la deuda en cuatro plazos anuales que concluyen en el ejercicio de 2019.
El pago de la deuda total pendiente es una condición obligatoria para los ayuntamientos que quieran recibir subvenciones y ayudas de la Diputación de Valencia, incluidas en el programa de inversiones financieramente sostenibles (IFS), a través de la presentación “de un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación” que, finalmente, el consistorio de Riba-roja de Túria ha suscrito.
Por último, el ayuntamiento también destaca los 46.260 euros que ha abonado a la sociedad general de autores y editores (SGAE) por la emisión de obras artísticas y música sin la preceptiva autorización de este organismo, que se llevaron a cabo en espacios o recintos públicos entre los años 2007 y 2015. El fallo judicial acredita en su argumentación que el consistorio permitía “indirectamente” la emisión de música sujeta a derechos de autor cuya labor “resulta indispensable para la organización de los actos”.
El pago de los 1’8 millones de euros que se han abonado hasta ahora se podrían añadir al riesgo financiero que el ayuntamiento podría verse a afrontar a medio o largo plazo, en función de los veredictos judiciales. El PAI de Porxinos, auspiciado por el Valencia, es uno de los conceptos más elevados, con una reclamación de 25 millones de euros planteada. La ocupación del Barranc de les Monges, figura en otro de los proyectos pendientes de veredicto judicial, con cerca de 2’7 millones de euros. Una petición de 2’2 millones de euros de una empresa que se incendió en el polígono industrial u otra de una cifra similar por la falta de ejecución de un plan urbanístico completan la lista.