Riba-roja paga 7’8 millones por fallos judiciales procedentes del anterior gobierno local

Ajuntament de Riba-roja de Túria

El consistorio ha afrontado desde 2015 el pago de diversas sentencias y expropiaciones

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha pagado, desde el año 2015, un total 7’8 millones de euros en concepto de sentencias judiciales, expropiaciones urbanísticas y diversos acuerdos extrajudiciales durante los últimos seis años por la gestión que llevó a cabo el anterior gobierno del Partido Popular entre los años 1995 y 2015. Además, el consistorio está a la espera de otro fallo jurídico que en su momento interpuso el València por el programa de actuación integrada (PAI) y por el que pide otros 25 millones de euros de indemnización. 

Por tanto, las arcas municipales han tenido que afrontar esta cantidad de dinero con el objetivo de cumplir las diversas sentencias y demandas por parte de particulares y empresas que, a lo largo de este plazo de tiempo, han reclamado sendas indemnizaciones monetarias, especialmente en cuestiones urbanísticas por ocupaciones de suelo y terrenos privados en el término municipal de Riba-roja de Túria

La mayor de las indemnizaciones asciende a un total de 4’3 millones de euros, entre los que se incluyen los 3’4 millones fijados por sentencia judicial y los 872.00 euros en concepto de intereses, por la conocida Finca de les Paretotes, derivada en una expropiación forzosa –tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana- por unos terrenos que ocupó el ayuntamiento para construir una zona verde.

Finca Paretotes

Los propietarios exigieron la expropiación de los terrenos ante la negativa del anterior equipo de gobierno popular a ejecutarla, lo que habría supuesto una reducción de la cantidad que, finalmente, dictó una sentencia judicial. 

La segunda de las indemnizaciones abonadas está fijada en otros 1’7 millones de euros por el conocido caso del Barranc de les Monges, donde el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volvió a ocupar unos terrenos en esta zona a cambio de un intercambio de suelo en la zona del Calvari o en la denominada zona de Pacadar que, finalmente, nunca se llevó a materializar. El proyecto municipal preveía el encauzamiento del Barranc de les Monges mediante la ocupación de unos terrenos con una extensión total de 3.628 metros cuadrados. En este caso los tribunales aceptaron las reclamaciones de los propietarios.

Barranc Monges riba-roja

En ambos casos, el anterior equipo de gobierno de Riba-roja de Túria incumplió sus promesas, consistentes en la permuta de unos terrenos por otros ubicados en otras zonas del término municipal o, en su defecto, una indemnización económica. Finalmente, no se llevó a cabo ninguna de las dos alternativas y los tribunales dieron la razón a la parte propietaria recurrente. 

El listado de los pagos por sentencias y fallos de la judicatura se completa con otras actuaciones urbanísticas ocurridas durante el mismo periodo de tiempo, como las ocupaciones en el barranc dels Moros, que desembocó en otro acuerdo extrajudicial por un valor de 939.00 millones de euros, o los 386.000 euros por otras indemnizaciones en el barranc de Porxinos de Riba-roja. 

Barranc Moros Riba-roja
Barranc dels Moros
barranc porxinos riba-roja
Barranc de Porxinos

Los 7’8 millones de euros desembolsados por las arcas municipales se completan con los 28.500 euros por la ocupación para la construcción de unos depósitos de agua potable o los 250.000 euros de los terrenos para la construcción del actual campo de fútbol municipal. Por último, una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a pagar otros 28.360 euros para la fase II de la piscina. 

campo futbol riba-roja

El concejal de Hacienda de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha destacado “el enorme esfuerzo que ha tenido que realizar el actual equipo de gobierno al negociar con los propietarios a fin de disminuir las indemnizaciones, después de que el Partido Popular durante años se negase a hablar con ellos”. Asimismo, ha lamentado que la gestión entre 1995 y 2015 “suponga ahora el desembolso de 7’8 millones de euros que no podremos destinar a inversiones públicas”. 

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