La Junta de Gobierno de Riba-roja aprueba el nuevo sistema de ayudas sociales que prevén hasta 1.200 euros anuales para necesidades básicas
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha sustituido los ‘vales’ de la etapa popular para las personas sin recursos por un sistema de ayudas sociales en el que los beneficiarios deberán realizar tareas sociales, según cada caso, como contraprestación. Las ayudas aprobadas por la Junta de Gobierno prevén hasta 1.200 euros al año para cubrir las necesidades básicas de las familias.
Entre las ayudas destacan un máximo de 1.200 euros anuales por cada unidad familiar para cubrir necesidades básicas, gastos de alquiler de vivienda con un máximo de 2.400 euros anuales y otros 900 euros como máximo para los suministros del hogar: consumo de agua, luz y gas.
El plan de ayuda social aprobado por el gobierno local también establece ayudas para la compra de leche infantil con un máximo de un bote cada 15 días durante seis meses y, por último, ayudas para prótesis visuales de hasta 150 euros anuales.
Estas ayudas se complementan con otras como el transporte por un importe máximo de 600 euros anuales, gastos farmacéuticos por otros 250 euros anuales, alojamiento temporal por 1.200 euros anuales, atención de necesidades en centros especializados por otros 600 euros al año, adaptación del hogar para situaciones de emergencia por 1.200 euros anuales y, por último, las ayudas polivalentes en función de las necesidades de cada familia a razón de 500 euros anuales como importe máximo.
El actual equipo de gobierno de Riba-roja de Túria– PSPV, Compromís y EU- ha suprimido el sistema de concesión de vales que instauró el PP destinado a las familias y personas más desfavorecidas y lo ha sustituido por este sistema basado en un plan de intervención comunitaria (PIC) con el que se pretende racionalizar la concesión de estas ayudas.
Este sistema “modifica el antiguo asistencialismo que predicaba el PP por un nuevo concepto de intervención comunitaria en el que las personas que accedan a estas ayudas tengan el compromiso de devolver a la sociedad parte de lo que previamente han recibido para que comprendan que no se trata de servicios ilimitados”.
Los criterios técnicos tendrán en cuenta la situación de cada demandante que se estudiará “caso por caso” entre las “personas físicas en situaciones acreditadas de grave necesidad que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras”.
El objetivo es lograr una mayor responsabilidad de los usuarios de estas ayudas municipales, aunque la realización de los trabajos comunitarios no será una condición “sine qua non” ya que será la mesa de evaluación la que se encargará de determinar la obligación o no de esta contraprestación en función de la situación social y económica de cada persona o familia demandante.
El plan de intervención comunitaria municipal tiene como eje fundamental una contraprestación social en la concesión de las ayudas basado en tres aspectos: la participación en un curso de formación activa de búsqueda de trabajo y en los planes y programas sociales de las entidades y las asociaciones y la búsqueda de una “responsabilidad social” de estas familias en el que se incentivará el pago de los tributos, impuestos y otras obligaciones económicas, con la administración local y con otras entidades públicas o privadas.
En algunos casos, el ayuntamiento realizará labores de asesoramiento o ayuda para renegociar las deudas de estos vecinos o conseguir una moratoria.
