Para el Ayuntamiento es consecuencia de la negativa del PP para llegar a un acuerdo con los propietarios
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al pago de 3’4 millones de euros a una familia de la localidad por unos terrenos que el consistorio ocupó en los años 70 para destinarlos a zona verde en la urbanización de Montealcedo pero que hasta ahora no había abonado correctamente.
La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV ha estimado parcialmente el recurso de las familias propietarias de los terrenos al rechazar el precio de 1’6 millones de euros fijados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia aunque lejos de los 6’7 millones solicitados por los dueños. Finalmente, el TSJ determina su valor en 3’4 millones de euros la cantidad que el ayuntamiento debe abonar a las familias al tiempo que cifra en 4.000 euros las costas imputables al consistorio.
Los hechos que originan el fallo de la sentencia se remontan a los años 70 cuando el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ocupó un total de 57.165 metros cuadrados ubicados entre las urbanizaciones de Montealcedo y el Molinet con destino a zona verde. Una parte de los terrenos están calificados como sistema general y la otra como dotacionales de carácter local, aunque nunca hubo acuerdo entre propietarios y consistorio para determinar el precio de las parcelas afectadas.
Las familias propietarias iniciaron el proceso administrativo en julio de 2010 ante el Ayuntamiento de Riba-roja con el objeto de fijar el expediente de justiprecio de las parcelas al que siguió la hoja de aprecio por un total de 6’7 millones ante el silencio del consistorio, gobernado entonces por el Partido Popular. Meses más tarde, el ayuntamiento respondió a las pretensiones con una valoración de los mismos en 979.340 euros ante los que las familias interpusieron un recurso contencioso-administrativo que fue estimado parcialmente.
Por su parte, el Jurado Provincial de Expropiación fijó el precio en 1’6 millones de euros que fue recurrido por ambas partes al entender que el suelo en cuestión está considerado como urbanizado mientras que un informe del ayuntamiento subraya que se trata de “zona verde sistema general” que no puede ser expropiado ya que debieron ser cedidas “gratuitamente” y rebaja su valor a 979.000 euros.
El fallo recuerda que “las razones o chapuzas que se hicieron en los años 70 no interesan en este momento, el hecho cierto es que han quedado dos bolsas de suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido adscritas a ningún plan parcial o urbanización, cierto que es una anomalía pero la responsable no es la solicitante de la expropiación; no se debió permitir la ejecución de las urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los propietarios de la urbanización”.
Además, los magistrados añaden que aunque la ley valenciana obliga a ceder el 10% del suelo urbanizable “como las parcelas objeto de valoración no puede generar aprovechamiento lucrativo alguno, no pueden obtenerse de ellas parcela lucrativa y, por tanto, no cabe cesión de ningún tipo y máxime cuando las urbanizaciones de referencia están ejecutadas”.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que esta condena judicial “es consecuencia directa de la indolencia del anterior gobierno del Partido Popular del que formaba parte la actual portavoz municipal María José Ruiz al ignorar este asunto y ser incapaz de iniciar un diálogo con las familias propietarias de los terrenos que nos habrían evitado el proceso judicial y, por tanto, un coste tan elevado para las arcas municipales y que ahora el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado”.