Los anuncios llegaron a 3.000 empresas a través de una plataforma electrónica
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha conseguido ahorrar 1’3 millones de euros correspondientes a los procesos de licitación pública de obras, servicios y suministros municipales en contratos privados y administrativos del año 2019. Los contratos se licitaron por un valor de 5 millones de euros, pero, finalmente, se adjudicaron por un montante de 3’6 millones, de forma que el ahorro alcanzó los 1’3 millones de euros.
Este ahorro cumple con el artículo 1 de la ley de contratos del sector público por su “principio de integridad” sobre una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa.
Los servicios técnicos municipales han elaborado una memoria sobre la contratación pública en la que, además, destacan una comparativa de las enajenaciones efectuadas en el mismo periodo, anualidad de 2019, en la que se consiguieron unos ingresos superiores a los previstos de 17.416 euros, ya que el precio base de licitación estaba fijado en 640.831 euros y, finalmente, se vendieron por 658.248 euros en total.
Las ofertas de licitación se han tramitado a través de procedimientos abiertos con un total del 80% sobre el valor económico total en la que cualquier empresa con capacidad y habilitación puede presentarse mediante pública concurrencia, mientras que los procesos menores han quedado reducidos al 6%. En los casos de contratos menores, se invita a tres empresas o incluso se publica para que cualquier empresa pueda presentarse e incluso se retransmite por medios en streaming la apertura de las ofertas. Estas fórmulas buscan, según ha explicado el consistorio, una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y una utilización del procedimiento abierto o restringido.
El análisis municipal detalla, además, los tipos de contratos que se han efectuado a lo largo del año 2019, en el que predominan los de obra (47’09%), los de suministro (21’11%), los de servicios (19’96%) y, en último lugar, los correspondientes a los contratos privados (11’83%). Los contratos de servicio se han reducido porque en el año 2018 se licitaron más servicios con una duración superior a un año. Además, en 2019 también han aumentado los de suministro para evitar contratos menores de compras corrientes.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria también ha fomentado una mayor participación de la pequeña y media empresa, de acuerdo a la ley de contratos públicos, con la división en lotes excepto en aquellos casos o circunstancias que lo impida la ley. De esta forma, se han realizado 9 contratos por lotes en suministros frente a los 4 que no llevaban, otros 22 con lotes en servicios frente a 5 que carecían de ellos y, por último, 32 contratos de obras por lotes y 9 sin lotes.
La difusión de los procesos de licitación es una de las premisas que más se han tenido en cuenta y, por ello, los anuncios han llegado, directamente, a más de 3.000 empresas nacionales a través de la plataforma de licitación electrónica del consistorio. En el año 2019, y respecto de la anualidad de 2018, se ha producido un incremento de los contratos de obras y suministros y la eliminación de los contratos de colaboración público-privada por la nueva ley de contratos públicos.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado “el compromiso firme de implantar políticas de transparencia y pluralidad en la gestión de los recursos públicos y una apuesta por fomentar la participación del tejido empresarial de la localidad de forma que todos tengan las mimas oportunidades, sin olvidar la aplicación de criterios de sostenibilidad, sociales o conciliación”.
Entre los retos que se marcan en la memoria municipal destaca la dotación presupuestaria para la aplicación de los planes de contratación y su análisis posterior, el incremento de la eficacia del protocolo de contratación, la reserva a un centro especial de empleo de iniciativa social, la auditoría sobre la aplicación del código ético, la cuantificación de la participación de las pymes en las licitaciones municipales, el fomento de la concurrencia o la consolidación de la comisión de seguimiento compuesta por todos los grupos políticos.